El interno de 31 años fue hallado ahorcado en una celda destinada, paradójicamente, al resguardo físico. Su dudosa muerte destapa un entramado de negligencia médica, hacinamiento crónico y denuncias de corrupción que asfixia al Complejo Penitenciario Conurbano Norte.
William Lautaro Benítez Alarcón, de 31 años, debía estar protegido por el Estado. Se encontraba alojado en el pabellón de «resguardo físico» de la Unidad Penal 47 de José León Suárez, bajo la tutela del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Sin embargo, la mañana del martes, el sistema falló de forma letal: fue hallado sin vida, colgado del cuello con una sábana atada a la puerta de la celda número 8.
La Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Martín ya interviene en la investigación del deceso, un hecho que reabre el debate sobre las verdaderas condiciones de supervivencia dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La versión oficial vs. el grito de los pabellones
El parte informativo del SPB es metódico y frío. Según el alcaide Cristian Giménez, el hallazgo se produjo a las 07:30 horas durante el recuento habitual. Fue el adjutor Santiago Chierñiacoff quien alertó de la situación al abrir la celda. El prefecto Pablo Olivari, jefe de turno, descolgó el cuerpo y aplicó maniobras de RCP, pero la enfermera de sanidad constató que Benítez Alarcón ya no presentaba signos vitales. Los registros oficiales indican que el interno había sido visto con vida por última vez a las 04:00 de la madrugada, recostado y usando su teléfono celular.
Sin embargo, el relato intramuros traza un panorama de abandono. Compañeros del fallecido aseguraron que las autoridades penitenciarias estaban al tanto del frágil estado emocional del joven. «Los penitenciarios sabían que el pibe estaba mal y no le brindaron ningún tratamiento, y mucho menos acompañamiento», denunciaron los internos, evidenciando una falla crítica en los protocolos de salud mental carcelaria.
Un sistema al borde del colapso: hacinamiento y clausuras
La muerte de Benítez Alarcón no es un caso aislado, sino el síntoma de una crisis profunda en el Complejo Penitenciario Conurbano Norte San Martín (integrado por las unidades 46, 47, 48 y la Alcaidía Departamental). Sus máximas autoridades —Darío Gastón Potes, Alejandro Martínez y Claudia Varano— enfrentan graves acusaciones por permitir violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Días antes de este fatal desenlace, el juez de Garantías Carlos Mariano González ordenó la clausura inmediata de los «buzones» (celdas de castigo) en la Unidad 46. El magistrado constató in situ condiciones degradantes: instalaciones eléctricas precarias, falta de red cloacal, ventanas rotas y ausencia de duchas. Ante esto, prohibió el ingreso de internos a estos sectores hasta que no se realicen refacciones integrales, amparándose en pactos internacionales de derechos humanos.
El hacinamiento es otro factor letal. Los propios detenidos relatan que en celdas diseñadas para seis personas conviven hacinados hasta 17 presos, muchos de ellos durmiendo en el piso y sin colchones.
Guerra interna: acoso, impunidad y castigo al estudio
La crisis no solo afecta a los presidiarios. El personal del SPB también está inmerso en una trama de violencia institucional. Numerosas agentes penitenciarias han denunciado a sus superiores por acoso sexual, hostigamiento laboral y persecución.
La oficial subprefecto Carolina Naveira denunció formalmente al director Alejandro Martínez y al subdirector administrativo Ángel Massei. Lejos de ser investigados, los acusados fueron premiados institucionalmente: Massei asumió la dirección del penal 48 y Martínez fue ascendido a secretario de todo el Complejo, consolidando su poder.
La persecución también golpea a las oficiales que deciden estudiar junto a los internos en el Centro Universitario San Martín (CUSAM), despectivamente llamadas «las preseras» por sus jefes. Al mismo tiempo, el Centro de Estudiantes «Azucena Villaflor» denuncia traslados arbitrarios y masivos de presos universitarios, una maniobra que busca desarticular la organización estudiantil y que ya motivó la presentación de hábeas corpus ante la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Tribunal de Casación Penal.
La mecánica del abandono
La mayoría de las muertes en contexto de encierro se deben a la falta de atención médica, un hecho reiteradamente advertido por organismos de Derechos Humanos. Pese a los amparos judiciales presentados por la CPM ante riesgos de derrumbe y hacinamiento extremo, la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense suele ser la misma: apelar las resoluciones.
Mientras los expedientes rebotan en los despachos judiciales, la maquinaria del sistema penitenciario sigue cobrándose vidas en celdas que, en teoría, deberían garantizar el resguardo físico.
Cuadro Sinóptico: Crisis Estructural en el Complejo Penitenciario San Martín
Para visualizar de forma clara las múltiples dimensiones de la crisis detallada en la investigación, a continuación se presenta un esquema organizativo de las problemáticas.
| Dimensión de la Crisis | Detalles del Conflicto | Sector Involucrado | Estado / Consecuencia |
| Muertes en Custodia | Fallecimiento de W. Alarcón (ahorcado). Negligencia y falta de apoyo psicológico. | Unidad 47 (Pabellón de resguardo) | Intervención judicial (UFI N°1). Denuncias de inacción penitenciaria. |
| Colapso Edilicio e Higiene | Celdas de castigo sin luz, agua, ni baños operativos. Condiciones infrahumanas. | Unidad 46 (Sector Buzones y Admisión) | Clausura judicial dictada por el Juez de Garantías Carlos M. González. |
| Hacinamiento Extremo | Capacidad excedida (10 a 17 internos en celdas para 6). Falta de colchones. | Todo el Complejo (U46, U47, U48) | Agravamiento de las condiciones de vida y tensión constante. |
| Violencia Institucional (SPB) | Acoso sexual, persecución y hostigamiento hacia el personal penitenciario femenino. | Jefatura del Complejo | Impunidad institucional. Ascenso de los directivos denunciados. |
| Persecución Educativa | Traslados arbitrarios de presos universitarios (CUSAM) para interrumpir estudios. | Unidad 48 | Presentación de hábeas corpus ante Casación y la CPM. |
| Inacción Ministerial | Falta de respuestas del Ministerio de Justicia ante fallos por violación de DDHH. | Nivel Provincial | Estrategia de apelación judicial permanente; omisión de delitos graves. |
