La Justicia de San Isidro ordenó restituir la planta de Fate a la empresa tras meses de ocupación sindical
La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones falló a favor de los propietarios al darse por agotadas todas las instancias de conciliación obligatoria. El predio ubicado en Virreyes permanecía tomado por el SUTNA desde febrero, en el marco de un conflicto que dejó a la firma con una nómina de empleados en cero.
El extenso conflicto que paralizó la histórica planta de neumáticos Fate en Virreyes, partido de San Fernando, sumó un capítulo judicial decisivo. A pedido de la empresa, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por los propietarios y ordenó la inmediata restitución del inmueble, que se encontraba bajo control de los trabajadores desde principios de año.
La decisión del tribunal se fundamentó en el agotamiento de las vías administrativas. Según detallaron los magistrados, los plazos de la conciliación obligatoria —dictada tanto en el fuero nacional como en la órbita provincial— vencieron de manera definitiva sin que las partes lograran destrabar el conflicto. Ante este escenario, la Justicia habilitó la devolución de las instalaciones a la firma, aunque hizo una salvedad importante: el fallo se limita a la posesión del inmueble y no sienta postura sobre el fondo de la disputa laboral.
El origen del conflicto y el cruce de acusaciones
La ocupación de la fábrica se remonta al 18 de febrero, fecha en la que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) inició la toma tras conocerse la drástica decisión de la empresa de terminar con sus operaciones. La medida patronal derivó inicialmente en el despido de 920 empleados, una acción que el gremio denunció categóricamente como un lockout (cierre patronal) destinado a quebrar la resistencia sindical.
Sin embargo, el escenario interno de los trabajadores mutó significativamente con el correr de los meses. Según trascendió en el marco de la causa, la representación legal de Fate presentó certificaciones contables avaladas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Estos documentos acreditaron que, entre febrero y mayo, se formalizaron 900 bajas voluntarias mediante acuerdos con el personal.
Con estas desvinculaciones negociadas, la nómina de ex empleados que rechazaron el acuerdo y quedaron en situación de despido formal se redujo a 196. De esta manera, a la fecha del fallo, la compañía logró llevar a cero su plantilla de personal en relación de dependencia, consolidando el cierre operativo que originó la toma.
Ahora, con el aval de la Justicia de Garantías, la empresa recupera el control físico de su planta en San Fernando, mientras que el reclamo de la facción residual de trabajadores deberá continuar su curso estrictamente en los tribunales laborales.
Redacción Judiciales
