El diputado Fabián Luayza encabezó una jornada sobre discapacidad en la Cámara de Diputados provincial. Hubo críticas al Gobierno nacional por el recorte de políticas públicas y se presentó un proyecto para actualizar la ley bonaerense de discapacidad incorporando accesibilidad cognitiva, digital y comunicacional.
En un contexto de creciente tensión entre las administraciones provinciales y el Poder Ejecutivo Nacional por el rumbo de la asistencia social, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires fue escenario de una jornada de debate orientada a visibilizar la situación actual del sector. Bajo la consigna “De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad”, el diputado bonaerense Fabián Luayza encabezó un encuentro clave junto a sus pares del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo y Viviana Romano, acompañados por funcionarios del área, especialistas y referentes institucionales.
La apertura del debate estuvo marcada por las disertaciones de Gabriela Fernández, titular del Centro Educativo Terapéutico Rukalen, y de Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial. El momento de mayor impacto institucional y emotivo se produjo con el testimonio de Juan, un joven integrante de la sede de Rukalen en Morón, quien expuso ante el auditorio los detalles de su rutina diaria, sus labores en la entidad y sus proyectos de vida personales.
Cuestionamientos a la política de ajuste del Gobierno nacional
A partir de dicho testimonio, el diputado Luayza adoptó una postura sumamente crítica frente a las directrices económicas implementadas por la administración del presidente Javier Milei. El legislador por Berazategui enfatizó el impacto directo que las restricciones presupuestarias tienen sobre los ciudadanos:
“Cuando se recortan políticas públicas vinculadas a la discapacidad, se afecta de manera directa la vida de personas reales. Es imperativo ponerle rostro y nombre a las consecuencias de estas medidas”.
Asimismo, Luayza instó a la dirigencia a blindar la labor comunitaria de los centros asistenciales. En una de las declaraciones más concertadas de la jornada, aseveró de forma categórica: “Donde la gestión nacional ve un gasto, nosotros vemos personas con necesidades legítimas. No permitiremos el desamparo de los beneficiarios ni de sus núcleos familiares”.
En sintonía, el diputado Gustavo Cuervo redefinió el eje conceptual de la jornada al señalar que la problemática abarca cuestiones de derechos humanos, inclusión real, accesibilidad, educación, empleo y salud. Cuervo lamentó que el Estado nacional esté declinando lo que calificó como su “rol histórico de cuidado y protección social”.
Alerta institucional por pensiones y desregulación prestacional
Por su parte, Gabriela Fernández expuso la crítica realidad financiera que atraviesan los centros terapéuticos debido al desfasaje presupuestario. La especialista impugnó con dureza el proyecto de ley de control de fraude en pensiones por invalidez que promueve la Casa Rosada, advirtiendo que la iniciativa encierra el riesgo inminente de eliminar la pensión por apoyo social dirigida a quienes poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Fernández defendió la vigencia e intangibilidad de la Ley Nacional 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas. Sostuvo que cualquier intento de desregulación de este marco normativo vulneraría las garantías jurídicas y asistenciales que hoy protegen tanto a las instituciones prestadoras como a las familias de los concurrentes.
A su turno, el funcionario provincial Raúl Lucero apeló al estricto cumplimiento de los preceptos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Lucero explicó desde una perspectiva sociológica que la discapacidad se manifiesta cuando las aptitudes de un individuo interactúan con barreras del entorno, concluyendo que el principal obstáculo diario que enfrentan estos ciudadanos es la demanda de recibir un trato digno e igualitario.
Modernización normativa y agenda parlamentaria
De forma paralela al desarrollo del foro, el bloque de diputados de Nuevos Aires formalizó la presentación de un proyecto de ley destinado a reformar y actualizar la Ley Provincial 10.592 de Discapacidad.
La propuesta legislativa introduce la obligatoriedad para el Estado bonaerense de garantizar la accesibilidad cognitiva, comunicacional y digital. El articulado contempla la implementación integral de:
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Sistemas de lenguaje claro y lectura fácil en dependencias públicas.
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Incorporación de apoyos visuales y pictogramas informativos.
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Herramientas de comunicación aumentativa y alternativa.
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Capacitaciones obligatorias para el personal de la administración pública.
El encuentro contó con un amplio respaldo territorial, registrando la asistencia de concejales y dirigentes de los municipios de Berazategui, Avellaneda, Morón, Florencio Varela, Almirante Brown y Hurlingham, consolidando un frente parlamentario y municipal en defensa del presupuesto asignado al sector.
Redacción: Informe Norte
