El Ejecutivo porteño aplazó por segunda vez la licitación de la Línea F, en medio de reclamos corporativos y un polémico proyecto para desplazar a SBASE del control de las obras.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó una nueva postergación en el proceso licitatorio para la construcción de la Línea F de subterráneos, un eje clave para la conectividad de la Capital Federal. Mediante una resolución firmada por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartúa, se reprogramó la apertura de sobres técnicos y económicos para el próximo 10 de septiembre. Esta decisión representa el segundo aplazamiento consecutivo de un cronograma que originalmente estipulaba el inicio para el pasado 22 de abril y que luego pasó al 14 de julio.
Desde la cartera de Movilidad justificaron la prórroga argumentando la necesidad de optimizar la competitividad. Según el texto oficial, la medida responde a solicitudes de las firmas interesadas. La administración de Jorge Macri sostuvo que resulta indispensable otorgar un margen temporal más amplio para que los potenciales oferentes realicen los estudios de factibilidad correspondientes, analicen costos y elaboren propuestas técnicas rigurosas, un planteo idéntico al utilizado en el retraso anterior.
Sin embargo, el aplazamiento no fue recibido de buena manera en el sector corporativo. Fuentes vinculadas a las grandes constructoras que aspiran a adjudicarse el proyecto manifestaron un profundo descontento ante la alarmante falta de previsibilidad del calendario oficial de la Ciudad. Esta reiterada parálisis siembra serios interrogantes sobre la posibilidad real de que los trabajos de infraestructura comiencen antes de la finalización del presente año, lo que representaba una de las promesas centrales de campaña del propio Jefe de Gobierno porteño.
La licitación en curso contempla de manera exclusiva la ingeniería, construcción y el equipamiento base de la traza, tomando como referencia el diseño detallado el año pasado por la Unión Transitoria de Empresas integrada por UPU y Asociados, IATASA y ATEC. Quedan explitamente excluidos de este proceso la provisión del material rodante, los sistemas de señalamiento y las complejas redes de comunicación, componentes técnicos que serán objeto de contrataciones posteriores y diferidas por el Estado.
En paralelo a las dilaciones administrativas, la Ciudad avanza con los pasos previos en el plano territorial y financiero. Por un lado, ya se adjudicó la remodelación del Centro de Trasbordo de Plaza Constitución, obra preparatoria que incluye el traslado de la playa de colectivos y el ensanche de veredas para los futuros obradores y accesos. Por otro lado, la Comisión de Presupuesto de la Legislatura evalúa el proyecto de ley enviado por los ministros Arengo y Bereciartúa para autorizar un endeudamiento internacional de hasta 1.350 millones de dólares destinado a financiar la obra.
No obstante, el debate legislativo excede la cuestión estrictamente presupuestaria y abarca un fuerte componente político. Junto al pedido de financiamiento y la declaración de utilidad pública de diversos inmuebles sujetos a expropiación —que ya han despertado focos de resistencia vecinal en los barrios afectados—, el proyecto oficialista propone una profunda e inesperada reforma a la Ley 670.
Dicha modificación busca restar competencias históricas a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). De aprobarse, la firma estatal perderá la potestad de efectuar los llamados a licitación para el desarrollo de las futuras líneas F, G, H e I, delegando dicha facultad en el organismo que determine el Ejecutivo. Asimismo, la reforma altera la composición de la comisión mixta de seguimiento: los dos representantes de SBASE que hoy ejercen el control junto a quince legisladores serían reemplazados por funcionarios de designación política directa.
Analistas del sector interpretan este movimiento como la exteriorización de una severa interna institucional entre el Ministerio de Movilidad y la conducción de Subterráneos de Buenos Aires. De consolidarse los cambios propuestos en la Legislatura, la histórica empresa estatal sufriría un vaciamiento operativo sin precedentes, en un escenario donde la infraestructura del transporte subterráneo vuelve a ingresar en un complejo cono de sombras regulatorias y dilaciones técnicas.
Fuente: EnelSubte / TA
Redacción: Informe Norte
