Indagatoria pidió el fiscal federal Guillermo Marijuan para el diputado bonaerense tras detectar un esquema de falsedad y omisión sistemática en sus declaraciones juradas, un delito que el acusado no podía ignorar debido a su experiencia previa como funcionario.
El frente judicial se complica para el legislador provincial Francisco Adorni. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó formalmente su llamado a declaración indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la presentación de su evolución patrimonial.
El dictamen, elevado ante el Juzgado Federal N° 6 (actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas), pone la lupa sobre los movimientos financieros del diputado —y hermano del vocero presidencial— entre los años 2023 y 2026. La fiscalía considera que existe el grado de sospecha necesario para avanzar en la imputación, apoyándose en una premisa insoslayable: por su paso previo por el Consejo de la Magistratura bonaerense —en un área directamente vinculada a estos trámites—, Adorni no podía desconocer la normativa penal y administrativa que rige las declaraciones juradas.
La maniobra: rectificaciones bajo sospecha
La investigación judicial se centra en el período en que Adorni ejerció roles jerárquicos clave: primero como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular del Ministerio de Defensa y, finalmente, como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF).
De acuerdo con el expediente, entre febrero de 2024 y enero de 2026, el funcionario presentó tres declaraciones juradas oficiales. Sin embargo, la fiscalía detectó un patrón irregular: una cantidad inusual de rectificaciones posteriores que coincidieron de forma sugestiva con el inicio de la investigación sobre sus finanzas.
Tras la apertura de la causa, el imputado comenzó a modificar sistemáticamente sus presentaciones originales (llegando a corregir cada una al menos dos veces), incorporando:
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Cuentas bancarias (en pesos y dólares) propias y de su cónyuge.
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Tarjetas de crédito omitidas inicialmente.
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Nuevos instrumentos financieros.
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Ajustes drásticos en la valuación de sus bienes.
Marijuan fue categórico en su requerimiento: “El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.
Las cifras del expediente: el salto patrimonial
El análisis de los documentos reveló variaciones que la Justicia considera injustificadas. Los puntos más críticos de la auditoría incluyen:
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Licuación de deudas y salto de activos: En 2024, declaró bienes por $43.790.000 y deudas por $130.000.000. Al cierre de ese mismo año, los bienes escalaron a $71.000.000 y las deudas se desplomaron a $60.000.000. Es decir, en un solo año incrementó su patrimonio declarado en más de $27 millones y redujo pasivos en $70 millones.
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Herencia repentina: En una rectificativa del período 2025 (presentada recién en junio de 2026), declaró tardíamente tener $24.500.000 en efectivo, justificando que $21 millones provenían de una herencia que nunca había sido informada ante la Oficina Anticorrupción.
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Inmuebles con valor “flexible”: La propiedad ubicada en City Bell sufrió alteraciones constantes. Fue declarada inicialmente en $77.580.000, luego su valor fue ajustado hacia arriba a $130 millones, y finalmente se redujo a $105 millones.
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Aparición de efectivo: En mayo de 2026, con la pesquisa judicial ya en marcha, modificó su declaración inicial de 2024 para agregar la tenencia de “un millón de pesos en efectivo” al inicio de ese período.
Próximos pasos en Tribunales
La conducta investigada encuadra en el artículo 268, inciso 3, del Código Penal Argentino, que sanciona la omisión maliciosa y la falsificación de datos en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Para el Ministerio Público Fiscal, el accionar del diputado evidencia una intención deliberada de ocultar su verdadero patrimonio y una clara “falta de justificación en las variaciones”. Ahora, la decisión recae sobre el juez Rafecas, quien deberá evaluar el dictamen y determinar si hace lugar a la indagatoria, la instancia procesal en la que Francisco Adorni deberá sentarse frente al magistrado para ensayar su defensa ante las pruebas en su contra.
