Ante el cerrojo legal que amenaza con jubilar a la vieja guardia municipal, jefes territoriales de todo el arco político agitan la Legislatura para habilitar nuevas reelecciones. Con el peronismo fracturado y la oposición a la expectativa, el reloj corre hacia 2027 y ya se evalúa un “Plan B” en la Justicia.
El reloj electoral de la provincia de Buenos Aires marca una cuenta regresiva que tiene en vilo a gran parte del poder territorial. A poco más de un año del inicio del calendario de 2027, el fantasma del recambio forzado vuelve a acechar a los jefes comunales. El escenario es aritméticamente crudo: si la legislación actual no sufre alteraciones, 80 de los 135 intendentes bonaerenses verán bloqueada su posibilidad de competir por un nuevo mandato.
Lo que en los pasillos de la Legislatura provincial en La Plata comenzó como un murmullo, hoy es una presión sostenida. Un sector transversal de la política bonaerense busca dinamitar la ley que limita las reelecciones indefinidas, desatando un complejo ajedrez de intereses donde las fracturas internas pesan tanto como la grieta partidaria.
El mapa del poder en riesgo
El impacto de la restricción legal no distingue banderas políticas, aunque golpea con mayor fiereza al peronismo. De los 80 caciques municipales que hoy tienen “fecha de vencimiento”, el reparto es el siguiente:
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51 pertenecen a Unión por la Patria (UxP).
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16 militan en las filas de la Unión Cívica Radical (UCR).
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7 responden al PRO.
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5 integran armados vecinalistas.
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1 representa a La Libertad Avanza (tras su reciente salto desde el macrismo).
El epicentro del conflicto está en el Conurbano bonaerense, la verdadera “madre de todas las batallas”. Allí, 28 de los 40 distritos del Gran Buenos Aires están gobernados por intendentes que, bajo la norma vigente, deberán dar un paso al costado en 2027.
La génesis del “cepo” electoral
Para entender la encrucijada actual hay que retroceder a 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal. En aquel entonces, se sancionó la ley que puso fin a las reelecciones indefinidas, fijando un tope de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares.
Cinco años después, en 2021, la “rosca” política parió una modificación: se estableció que el primer período a computar sería el iniciado en 2019, perdonando los mandatos previos. Esa ventana técnica salvó la ropa de muchos en 2023, pero cristalizó el abismo de 2027. Quienes retuvieron sus distritos el año pasado, ya agotaron su cupo.
La trampa del frente interno
Desde la gobernación, Axel Kicillof y su mesa chica—con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a la cabeza—no ocultan su simpatía por la derogación del límite. Su principal argumento doctrinario es que la normativa vigente “restringe el derecho de los ciudadanos a elegir libremente”.
Sin embargo, el peronismo bonaerense es hoy un terreno minado. La voluntad del Gobernador choca de frente con dos bloqueos internos de peso:
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La Cámpora: El enfrentamiento abierto entre Kicillof y el sector liderado por Máximo Kirchner congela cualquier posibilidad de abroquelar a Unión por la Patria detrás de un proyecto unificado.
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El Frente Renovador: El massismo, impulsor original de la ley restrictiva en alianza con Vidal, mantiene su histórica postura de rechazo a las reelecciones indefinidas.
En la vereda de enfrente, el panorama tampoco es favorable para los “barones” municipales. El PRO y La Libertad Avanza rechazan públicamente cualquier intento de estirar los mandatos. La UCR, por su parte, mantiene un silencio táctico: aunque muchos de sus intendentes ansían la reforma, evitan pagar el costo político de impulsarla.
“Todo indica que no hay chances, a nivel cero”, sinceraron desde un peso pesado del peronismo en el AMBA. En contraste, un intendente opositor admitió que “hay gente que está tratando de darle la vuelta a esa modificación”. La síntesis del conflicto la aportó un jefe comunal peronista no alineado: “Depende del Gobernador. Conmigo no hablan, pero todos los intendentes quieren la reelección“.
Los caudillos incombustibles y el as en la manga judicial
La resistencia al retiro forzoso tiene rostros concretos. En la provincia conviven 44 intendentes que llevan más de una década ininterrumpida en el sillón municipal. El “club de los 20 años” (en el poder desde 2003) lo integran dirigentes históricos como Mario Secco (Ensenada), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Héctor Olivera (Tordillo) y el radical Miguel Ángel Lunghi (Tandil).
Con la vía legislativa empantanada y atada a una paritaria política que hoy parece irresoluble a corto plazo, varios estrategas municipales ya afilan los lápices para la vía judicial.
El “Plan B” es claro: esquivar a la Legislatura y presentar recursos de inconstitucionalidad contra la limitación de mandatos. El objetivo es conseguir un fallo favorable en los tribunales antes del cierre de listas, trasladando la definición política a los estrados de la Suprema Corte provincial. La batalla por 2027 recién comienza.
