Se trata del concejal libertario Alberto Montes, aliado de Ramón Lanús.
Montes ingresó por la oposición pero vota siempre con el oficialismo. Acusaciones de acuerdo económico y protección.
La tensión política y judicial ha alcanzado su punto álgido en el Concejo Deliberante de San Isidro. Los bloques de la oposición, encabezados por los ediles de Unión por la Patria, presentarán un pedido formal para la remoción de su cargo del concejal Alberto Montes, invocando la figura de «inhabilidad moral». El caso, que se originó a partir de una denuncia por abuso sexual, compromete de manera directa y severa al Poder Ejecutivo local, liderado por el intendente Ramón Lanús.
El entramado combina una causa penal en curso, un polémico resarcimiento económico en el fuero civil y sospechas de protección política y financiamiento espurio con recursos públicos.
El hecho originario: de la Dirección de Tránsito a la banca legislativa
Los antecedentes del imputado se remontan a 2023, período en el que Montes se desempeñaba como empleado municipal bajo el rol de inspector de tránsito. En los comicios generales de octubre de ese año, el agente logró acceder a una banca legislativa tras integrar la lista de candidatos de la fuerza política La Libertad Avanza.
Sin embargo, el hecho delictivo que hoy lo sitúa en el foco judicial ocurrió en noviembre de 2023, apenas un mes después de haber sido electo y semanas antes de prestar el juramento de rigor. De acuerdo con los registros fílmicos que constan en la causa, Montes fue captado en video realizando tocamientos inapropiados y sin consentimiento a una compañera de trabajo dentro de las instalaciones de la dependencia municipal de la localidad de Boulogne.
El frente judicial: doble vía y un polémico acuerdo económico
La conducta de Montes dio origen a dos expedientes simultáneos en los tribunales ordinarios:
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La vía Penal: La causa se tramita actualmente ante el Juzgado Correccional Número 5, bajo el expediente N.º 6673. Fuentes judiciales confirmaron que la defensa técnica de Montes solicitó formalmente el sobreseimiento del imputado, requerimiento que fue rotundamente rechazado por el magistrado interviniente, manteniendo firme la imputación.
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La vía Civil: Las novedades más sustanciales y que activaron las alarmas políticas provienen de este fuero. Fuentes judiciales notificaron a los bloques opositores que Montes había homologado un acuerdo de resarcimiento económico con la víctima por la suma de 12 millones de pesos.
El esquema de pago acordado estipulaba el desembolso en seis cuotas consecutivas:
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Una primera cuota de $3.000.000.
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Tres cuotas sucesivas de $2.000.000 cada una.
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Dos cuotas finales de $1.000.000 cada una.
El detonante del escándalo actual radica en que el concejal incumplió con los plazos estipulados en uno de los pagos. Ante la mora, el juzgado civil emitió un reclamo formal, lo que provocó que los términos confidenciales del acuerdo tomaran estado público.
Las sospechas de financiamiento y el rol del Ejecutivo local
La situación financiera del edil despierta severos interrogantes en el arco opositor. Previo a asumir su cargo, Montes no acreditaba un patrimonio ni ingresos suficientes para afrontar una erogación de tal magnitud. En la actualidad, su dieta neta como concejal —luego de los descuentos de ley— asciende a 2 millones de pesos mensuales.
A esto se suma un impedimento legal estricto: en estricto cumplimiento de la Carta Orgánica de Municipalidades que rige la actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires, Montes no ha renunciado a su dieta, lo que le prohíbe taxativamente ejercer cualquier otra actividad rentada en el ámbito privado o público.
Ante este escenario, los concejales de la oposición formulan una pregunta de carácter criminalístico y contable: ¿De dónde provinieron los fondos para el pago del acuerdo o, en su defecto, quién financió económicamente al concejal?
La principal hipótesis de la oposición apunta a un presunto pacto de gobernabilidad. Desde el inicio de su mandato, Montes ha votado de manera sistemática y automática en consonancia con los proyectos del oficialismo local. Este alineamiento se consolidó mucho antes de que se formalizara el acuerdo político a nivel provincial entre el PRO (fuerza originaria del intendente Lanús) y La Libertad Avanza.
Durante el primer año de gestión, el intendente Lanús se encontraba en una marcada minoría frente a las bancadas del peronismo y el possismo. Para contrarrestar esta debilidad legislativa, el Ejecutivo desplegó una estrategia de captación individual de concejales libertarios que carecían de una conducción política clara. En este contexto, el bloque peronista investiga la versión de que Montes estaría siendo patrocinado jurídicamente por un letrado perteneciente a la plantilla del municipio, configurando un potencial conflicto de intereses y malversación de recursos públicos.
El escenario legislativo y el factor de género
La viabilidad inmediata de la destitución enfrenta escollos numéricos dentro del recinto. La concejal del Frente Renovador, Estefanía Rivadulla, detalló la compleja correlación de fuerzas:
«Sería más rápido tratarlo sobre tablas, pero no nos dan los números. Ellos [el oficialismo], junto a sus aliados, consolidan una mayoría de 14 votos sobre un total de 24 concejales. Habrá que ver cuál será la postura de las mujeres concejales que integran esos bloques oficialistas frente a un caso de violencia de género».
Rivadulla, en declaraciones a la prensa, también expresó el temor que impera en el ámbito laboral del Palacio Legislativo y cuestionó la inacción del jefe comunal:
«Si la política protege a este sujeto después de lo que hizo, ¿qué incentivo tiene la próxima víctima para ir a denunciar? La verdad es que, conociendo sus antecedentes, me da miedo cruzarme con Montes en algún pasillo y que me haga lo mismo».
Antecedentes en el área de salud y derechos de las mujeres
El silencio que el oficialismo mantiene hasta el momento en torno al «Caso Montes» se inscribe, según la oposición, en una línea de gestión cuestionada en materia de políticas de género. Durante sus dos años y medio de mandato, la administración de Lanús ha sido criticada por la imposición de obstáculos en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en los centros de salud locales.
Estas discrepancias ideológicas y de gestión provocaron en su momento la renuncia del anterior secretario de Salud del municipio y exdirectivo del Hospital Británico, el Dr. Ángel Yebara. Su reemplazo fue el Dr. Pablo De La Torre —hermano del senador provincial Joaquín De La Torre—, ambos de pública y activa militancia en los sectores denominados «pañuelos celestes».
El pedido de remoción por inhabilidad moral ingresará formalmente al Concejo Deliberante en las próximas horas, abriendo un capítulo judicial y político de consecuencias impredecibles para la gestión municipal.
Redacción: Informe Norte
