El municipio de Vicente López enfrenta severos cuestionamientos tras la última rendición de cuentas, donde el Tribunal de Cuentas detectó presuntas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos a una firma de seguridad privada que arrastra un preocupante historial de sanciones operativas y ostenta vínculos directos de financiamiento político con el partido gobernante.
La dinámica política en el Concejo Deliberante local experimentó momentos de altísima tensión institucional durante la última sesión legislativa, instancia central en la cual se debatió de manera exhaustiva la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal del año precedente. Si bien el voluminoso expediente administrativo logró ser aprobado en el recinto gracias a la indispensable conjunción de los votos del bloque oficialista y el acompañamiento estratégico de los representantes de La Libertad Avanza, la extensa jornada parlamentaria dejó una insoslayable estela de dudas que la dirigencia opositora considera completamente ineludibles. En este complejo contexto, la gestión pública encabezada por la actual intendenta Soledad Martínez, referente indiscutida del PRO, se enfrenta al desafío de clarificar ante la sociedad los procedimientos administrativos que derivaron en la validación de erogaciones que hoy se encuentran fuertemente objetadas.
El epicentro ineludible de esta resonante controversia institucional se sitúa en un contundente dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el máximo órgano estatal encargado de auditar y fiscalizar celosamente la legalidad en la utilización de los recursos económicos en todas las dependencias municipales. Los experimentados auditores provinciales pusieron la lupa técnica sobre una contratación gubernamental específica destinada a la provisión ininterrumpida de servicios de seguridad privada. El acuerdo comercial, rubricado formalmente con la firma mercantil Jorge Newbery SRL, implicó un gigantesco desembolso económico de las arcas públicas que asciende a la suma exacta de 69,6 millones de pesos. La extrema gravedad del asunto subyace en las profundas inconsistencias y notorias carencias detectadas en la documentación respaldatoria de dicha operación financiera.
De acuerdo con el texto explícito de la resolución oficial emanada del organismo fiscalizador bonaerense, el trámite administrativo adolece de falencias procedimentales sustanciales que vulneran de lleno los principios más elementales de la transparencia estatal. Concretamente, el cuestionado expediente municipal omite por completo la identificación nominal y la individualización de los recursos humanos afectados a las sensibles tareas de vigilancia patrimonial. Asimismo, las autoridades provinciales advierten con preocupación que no se han detallado cronológicamente los períodos exactos en los cuales se habría efectivizado la prestación real del servicio contratado, ni se ha volcado la especificación geográfica de las dependencias o los espacios físicos donde dichos agentes de seguridad privada habrían desempeñado sus funciones diarias. Esta llamativa ausencia de información registral básica imposibilita certificar de manera fehaciente la contraprestación del servicio millonario que ha sido debidamente abonado por la intendencia.
A estas graves deficiencias de carácter estrictamente documental se añade de inmediato un factor de suma alarma institucional: los cuestionables antecedentes comerciales de la empresa prestataria elegida por el municipio. Los registros públicos oficiales del Estado provincial indican claramente que la sociedad Jorge Newbery SRL fue objeto de severas sanciones disciplinarias en el año 2011, dictaminadas directamente por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Además, los archivos constatan que, durante el año 2016, la misma compañía de vigilancia perdió su habilitación formal de manera definitiva al no cumplimentar los estrictos e innegociables requisitos legales e infraestructurales indispensables para operar lícitamente en el rubro. Pese a la existencia de este oscuro historial operativo, que debería funcionar como un factor excluyente en cualquier proceso licitatorio transparente, la administración de la intendenta Martínez procedió a requerir y sostener sus servicios de forma consecutiva tanto para el ejercicio fiscal 2024 como para la proyección del corriente año 2025.
El escenario sociopolítico, no obstante, adquiere matices considerablemente más opacos al cruzar de manera analítica los datos del registro de proveedores del Estado municipal con los registros formales de financiamiento político partidario. Estos severos cuestionamientos procedimentales y administrativos toman una relevancia inusitada, de altísimo impacto público, al confirmarse que la firma Jorge Newbery SRL figura de manera explícita en los estados contables históricos del PRO bonaerense, estructura central que tiene a la jefa comunal como una de sus figuras políticas de mayor peso y proyección a futuro. De manera irrefutable, los balances financieros presentados por dicha agrupación partidaria ante la estricta justicia electoral durante el año 2018 registran a la mencionada empresa mercantil como una aportante financiera activa de su campaña electoral. El aporte económico, documentado de forma legal a través de una transferencia bancaria perfectamente verificable, ascendió en aquel momento a la suma de 20.000 pesos, estableciendo un vínculo directo entre el proveedor hoy cuestionado y la principal maquinaria electoral del oficialismo local.
Frente a este adverso y polémico panorama, las repercusiones de carácter institucional en el distrito no se hicieron esperar. El bloque de concejales nucleados bajo el sello de Fuerza Patria ha canalizado el lógico descontento opositor, exigiendo de manera urgente y pública que se brinden respuestas exhaustivas desde el Departamento Ejecutivo Municipal. La concejal Laura Braiza, erigida como voz fundamental de este reclamo, manifestó que la gravedad institucional de los hechos denunciados amerita de forma innegable una revisión profunda e integral de todos los mecanismos de contratación y control interno vigentes en el municipio. Resulta imperioso para la salud democrática determinar si la firma objetada continúa manteniendo acuerdos comerciales activos, priorizando así la defensa irrestricta de la transparencia estatal ante una ciudadanía que hoy exige una rendición de cuentas impecable.
Redacción: Informe Norte
