A doce meses de los despidos arbitrarios en la planta de Victoria, el conflicto laboral en Georgalos expone las tensiones de la industria alimenticia: denuncias de “falsa crisis”, flexibilización de las condiciones de trabajo y una incansable batalla judicial que, al amparo de la movilización obrera, ya logró dos reincorporaciones.
El mapa productivo de la zona norte del conurbano bonaerense se ha convertido en el epicentro de un fenómeno que los propios trabajadores no dudan en calificar como un “industricidio”. En este contexto de fuerte deterioro del entramado fabril, el conflicto laboral en Georgalos acaba de cumplir su primer aniversario. Lo que comenzó en mayo de 2025 como un reclamo legítimo frente a la alteración de las condiciones de trabajo en la histórica planta de golosinas de la localidad de San Fernando (Victoria), derivó el 5 de junio de ese mismo año en la desvinculación de cinco operarios del sector de chocolates. Hoy, a doce meses de aquellas cesantías, el escenario combina victorias judiciales parciales, hostigamiento laboral y un profundo debate sobre el rol del sindicalismo en tiempos de ajuste.
A través de un reciente comunicado dirigido a las bases de la fábrica, los operarios afectados —Ely, Miguel, Ale, Diego y Maxi— trazaron el balance de lo que han denominado “un año de dignidad”. La consigna es clara y no admite matices: la lucha no cesará hasta que la totalidad de los despedidos recupere su fuente de ingresos.
La anatomía de una “falsa crisis”
El eje central de la denuncia de los trabajadores radica en la flagrante inconsistencia entre el discurso corporativo de la empresa y su realidad comercial. Miguel Maciel, uno de los operarios despedidos, expuso con crudeza la estrategia patronal: la implementación de un ajuste interno bajo el paraguas de una supuesta emergencia económica que los números de la compañía desmienten.
Mientras la firma argumenta atravesar dificultades financieras para justificar suspensiones avaladas por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo —lo que en la práctica se traduce en rebajas salariales del 20% homologadas por las autoridades laborales—, la actividad real muestra otra cara.
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Expansión internacional: La empresa mantiene un robusto flujo de exportaciones hacia mercados competitivos como Chile, Uruguay y Estados Unidos.
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Deslocalización: Existe una creciente preocupación por el traslado de la producción de ciertos productos hacia China, una maniobra que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de la planta local.
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Posición dominante: Georgalos continúa liderando el mercado interno con productos emblemáticos de alto margen de rentabilidad, sosteniendo al mismo tiempo campañas publicitarias e inversiones millonarias.
“Dicen que hay crisis, pero vemos exportaciones. Entonces, ¿dónde está la crisis?”, cuestionó Maciel, resumiendo el sentir de una planta que acusa a la firma de utilizar la coyuntura nacional para maximizar ganancias a costa de sus empleados, buscando transformar el tradicional lema de la “familia Georgalos” en un régimen que los operarios describen con “gusto a esclavitud”.
Salarios devaluados y hostigamiento en la reincorporación
La ofensiva empresarial no solo se materializó en despidos, sino en un deterioro generalizado de las condiciones de vida de los operarios. En la actualidad, el salario básico de un trabajador del sector ronda los 1,3 millones de pesos en bruto. Sin embargo, tras la aplicación de los descuentos de ley y las fluctuaciones de los ítems atados a la productividad, el ingreso de bolsillo suele perforar el piso del millón de pesos. En el contexto inflacionario actual, esta cifra condena a las familias trabajadoras a ubicarse por debajo de la línea de la canasta básica.
Para aquellos que lograron torcerle el brazo a la empresa mediante la vía judicial, el retorno no ha sido sencillo. El equipo jurídico del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) logró que dos de los cinco despedidos fueran reinstalados en sus puestos mediante el dictado de medidas cautelares, mientras los tres restantes aguardan el desenlace del juicio de fondo. No obstante, las condiciones de esta reincorporación provisoria configuran un escenario de hostigamiento sistemático.
Los trabajadores denuncian que la empresa ejerce prácticas persecutorias: se les impide regresar a sus puestos originales en las líneas de producción, se los confina a tareas aisladas bajo vigilancia constante y se les restringe la interacción con el resto de sus compañeros. Estas maniobras de disciplinamiento, que ya han sido judicializadas, buscan quebrar la moral de quienes se atrevieron a desafiar la reestructuración corporativa.
La calle como escenario de resistencia y el arco de apoyos
Frente a la intransigencia patronal y la falta de respuestas expeditivas en las instancias administrativas locales, los trabajadores entendieron tempranamente que el conflicto debía trascender los portones de la fábrica. A lo largo del último año, el plan de acción directa fue contundente:
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Cortes y movilizaciones: Se realizaron cuatro bloqueos sobre la Autopista Panamericana, visibilizando el conflicto ante cientos de miles de transeúntes.
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Paros internos: Se impulsaron huelgas generales dentro de la planta de Victoria, demostrando el apoyo de las bases.
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Resistencia climática: Durante el mes de junio de 2025 —registrado como el más frío en cuatro décadas— los trabajadores sostuvieron un acampe y permanencia diaria en los ingresos de la fábrica.
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Organización comunitaria: Las tradicionales “choriceadas” se consolidaron como el tejido conectivo de la protesta, evitando el aislamiento de las familias y fomentando la solidaridad barrial.
Esta estrategia de visibilización logró trasladar la presión al Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata, donde finalmente se obtuvo un dictamen clave que declaró las desvinculaciones como de carácter arbitrario. Simultáneamente, el conflicto tejió una red de contención política y de derechos humanos de notable amplitud. Desde la presentación de un proyecto de repudio en la Cámara de Diputados impulsado por el Frente de Izquierda, hasta la adhesión pública de referentes sindicales y políticos del peronismo como Sergio Palazzo, Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Juliana Di Tullio y Mariano Recalde. A esto se sumó el respaldo invaluable de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
El sindicalismo en la mira y el futuro del conflicto
Si ahondamos en el conflicto , resulta ineludible analizar la profunda fractura expuesta entre las bases organizadas y la estructura formal del sindicato. Si bien los delegados y activistas reconocen que la conducción gremial avaló un paro fabril inicial y tramitó la ilegalidad de los despidos ante el Ministerio de Trabajo, la crítica es estructural: el sindicato se limitó a una “defensa administrativa” de escritorio.
“Esperábamos que el movimiento sindical estuviera a la altura de este momento histórico, pero no fue así”, sentenció Maciel. La ausencia de la dirigencia en las acciones callejeras y el aval tácito a los acuerdos de reducción salarial han generado un profundo malestar. Los trabajadores exigen a la CGT y a las federaciones del sector un plan de lucha activo, unificado y en las calles, advirtiendo que la atomización de los reclamos solo beneficia a las cámaras empresariales.
El caso Georgalos trasciende las fronteras de San Fernando. Para el movimiento obrero, esta fábrica se ha convertido en un “caso testigo”. Los cinco despedidos son el laboratorio de prueba de un sector empresarial que busca imponer reformas laborales de facto, incrementando los ritmos de producción con menos personal y salarios a la baja. A un año del inicio de las hostilidades, la advertencia de los trabajadores resuena como un mandato para toda la industria alimenticia: “Somos un ejemplo que no elegimos, pero esto no termina hasta que entremos los cinco nuevamente”. La batalla, tanto en los tribunales como en los portones, continúa.
Redacción: Informe Norte
