La Justicia le ordenó a FATE transferir $1.200 millones a 200 trabajadores despedidos tras el cierre de su planta
El Juzgado Laboral N° 17 fijó plazo hasta este viernes 23 de octubre para acreditar los salarios adeudados entre marzo y junio. Mientras el gremio celebra el fallo como muestra de la “ilegalidad” de la medida pero anuncia que apelará el monto, la Cámara de Garantías dio luz verde a la continuidad del acampe en la fábrica.
En el marco de un conflicto que se extiende desde hace ocho meses tras el cierre de la planta de neumáticos FATE en San Fernando, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 17 intimó a la compañía a transferir unos $1.200 millones antes de este viernes 23 de octubre. La medida busca saldar los haberes devengados entre marzo y junio de este año a 200 operarios que se quedaron sin trabajo y que no han suscrito acuerdos de retiro voluntario.
Los fondos a desembolsar provienen de embargos preventivos fijados con anterioridad y responden a lo ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones. El trasfondo legal radica en el presunto incumplimiento de un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025 y con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. A través de dicho compromiso, la firma perteneciente a la familia Madanes Quintanilla había recibido beneficios impositivos estatales a cambio de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo.
La cifra de $1.200 millones representa un punto de equilibrio judicial entre los reclamos de las partes: mientras el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) exigía un monto de $1.800 millones, la dirección de la empresa argumentaba que solo correspondía abonar $600 millones.
La estrategia del SUTNA y la postura de la empresa
Desde el SUTNA celebraron la resolución como un triunfo de la resistencia obrera y recalcaron que el dictamen respalda su postura de que el cierre de la planta fue “ilegal”. Sin embargo, la conducción gremial anticipó que apelará el monto dispuesto al considerar que la suma no compensa la antigüedad acumulada ni la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Asimismo, el sindicato adelantó las próximas acciones de su estrategia legal:
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Nuevas demandas salariales: Presentarán acciones ante la Justicia para exigir el pago de los sueldos correspondientes al período posterior al 1 de julio de este año.
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Impugnación de retiros voluntarios: Solicitarán la nulidad de los acuerdos firmados por otros empleados, argumentando que fueron suscriptos bajo una situación de “extorsión económica” tras permanecer varias semanas sin percibir sus haberes.
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Cuestionamiento del PPC: Desconocerán los despidos alegando supuestas irregularidades en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis.
Por el momento, la empresa —controlada por el grupo también propietario de Aluar— no realizó comentarios sobre la resolución. Anteriormente, la firma fundamentó la interrupción en el pago de haberes señalando que la fábrica dejó de operar el 18 de febrero y sostuvo que únicamente restan 243 empleados sin resolver su situación contractual, motivo por el cual calificaron el embargo judicial como improcedente.
Ocho meses de conflicto: acampe y revés a la orden de desalojo
El cese de actividades en las instalaciones de San Fernando el pasado 18 de febrero afectó en forma directa a 920 trabajadores, dando inicio a una protesta permanente que incluyó el establecimiento de un acampe frente al predio industrial.
En el plano judicial, el caso acumula diversos capítulos cautelares y financieros:
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Abril (Pagos adeudados): La Justicia dispuso un primer desembolso de $500 millones para cubrir tres quincenas adeudadas entre febrero y marzo.
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Embargo millonario: Durante ese mismo mes, FATE fue embargada por cerca de $3.000 millones ($2.600 millones por el reclamo de fondo y $300 millones en concepto de costas) tras el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria.
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Freno al desalojo: Luego de dos órdenes de desalojo tramitadas en los últimos meses —la última dictada el 17 de septiembre por la Cámara de Apelaciones de San Isidro—, la Sala II de Garantías revocó la medida hace tres semanas mientras se discute la cuestión de fondo.
Con la orden de desalojo sin efecto, los trabajadores confirmaron que mantendrán los acampes, las protestas y las medidas de fuerza en las inmediaciones de la fábrica.
Redacción Actualidad
