La crisis habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el área metropolitana está empujando a cada vez más argentinos al dramático límite del “desalojo económico”. En un contexto asfixiante marcado por salarios estancados que pierden sistemáticamente la carrera contra el costo de vida, sostener un techo se ha vuelto un privilegio.
La secuencia de esta crisis es tan predecible como trágica: comienza con un profundo endeudamiento familiar para intentar cubrir los aumentos, continúa con la expulsión hacia paradores rebalsados que ya no dan abasto ante la demanda, y culmina en el peor escenario posible y el más doloroso de todos: la situación de calle.
Frente a esta radiografía desesperante, surge una luz de alerta y acción. Hábitat para la Humanidad Argentina ha lanzado una “Inmobiliaria Social”, una propuesta ambiciosa que actúa como puente entre un mercado restrictivo y una necesidad urgente. Su objetivo es intermediar entre propietarios de viviendas vacías e inquilinos con ingresos informales que, de otro modo, quedarían fuera del sistema.
“Hay lugar para generar una solución financieramente sostenible y socialmente justa”, asegura Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de la ONG. “Queremos ayudar a que el derecho a la vivienda digna sea respetado”.
La trampa de la informalidad y los números en rojo
Para comprender la magnitud del problema, es necesario observar cómo el mercado inmobiliario actual choca de frente con la realidad laboral argentina. Las estadísticas son contundentes:
-
Ingresos asfixiados: Según la Encuesta Inquilina del año 2025, el 57% de los consultados destina más de la mitad de sus ingresos mensuales únicamente al pago del alquiler.
-
Exclusión del sistema: En Argentina, uno de cada dos trabajadores está en la informalidad. Sin un recibo de sueldo tradicional, les resulta imposible cumplir con las garantías y requisitos del mercado, a pesar de tener el dinero y el historial para afrontar el alquiler, los servicios y los gastos diarios.
-
Precariedad obligada: Esta barrera empuja a los sectores informales hacia opciones frágiles y abusivas (hoteles, pensiones, inquilinatos), donde los aumentos son arbitrarios y el fantasma del desalojo es una amenaza permanente.
“A esas personas queremos ofrecerles la estabilidad de un alquiler formal, con un contrato que les brinde previsibilidad y reglas claras”, destaca Bonelli, subrayando que la informalidad no equivale a falta de capacidad de pago.
La otra cara del mostrador: El peso de las viviendas vacías
La crisis habitacional en Buenos Aires se resume en una paradoja brutal: hay miles de viviendas vacías que resultan inalcanzables para las mayorías que necesitan alquilar. Sin embargo, tener un inmueble ocioso también representa un problema grave para los propietarios.
Un estudio del Colegio Profesional Inmobiliario porteño (2023) reveló que el 81% de los propietarios en CABA tiene más de 65 años. Esta es una población económicamente pasiva que debe sostener los altísimos costos de mantener una propiedad desocupada. Con datos de referencia de 2025, solo las expensas promedian entre $250.000 y $270.000 mensuales, sin contar tasas municipales, mantenimiento ni seguros. La “Inmobiliaria Social” propone resolver este doble problema, transformando el gasto del propietario en un ingreso seguro y el riesgo del inquilino en un hogar estable.
El impacto integral: Mucho más que un techo
La iniciativa de la ONG no es una improvisación; se nutre de 15 años de experiencia territorial administrando un proyecto de alquiler social en el barrio de La Boca. Los resultados de ese proyecto demostraron que la previsibilidad habitacional es el motor para el desarrollo humano.
“Un hogar adecuado repercute en todos los ámbitos. Un niño que tiene un piso de cemento juega hasta dos horas diarias más que aquel que crece con un piso de tierra. A partir de nuestro proyecto en La Boca, una de cada tres personas comenzó proyectos educativos. Una vivienda segura es un prerrequisito para la salud, la educación y el trabajo”, explica la directora.
Esta necesidad se vuelve aún más crítica cuando se le cruza la perspectiva de género. Gran parte de las familias que pasaron por el proyecto en La Boca son hogares monomarentales. La situación se agrava drásticamente para aquellas mujeres con hijos que son víctimas de violencia de género y necesitan escapar de sus hogares, enfrentándose a las barreras del mercado inmobiliario agravadas por el hecho de tener niños a cargo.
Un llamado a la acción conjunta
La conclusión, para los especialistas, es evidente: el modelo actual está agotado. Con la mitad de la población viviendo en condiciones deficitarias y la proliferación de barrios populares en el último cuarto de siglo, las respuestas tradicionales han fracasado.
“Si me baso en las conversaciones que venimos teniendo a partir de la Inmobiliaria Social, puedo decir que tanto el Estado como el mercado ven este potencial”, concluye Bonelli. En una Argentina acorralada por el endeudamiento y el riesgo inminente de la situación de calle para miles de familias, es imperativo diseñar soluciones que involucren a todos los actores sociales. La vivienda, más allá de ser una necesidad básica, debe volver a ser la aliada principal para el desarrollo de la sociedad.
