El impacto de los aumentos de tarifas en el sector energético: la gente pasa frio.
En el contexto de una persistente ola de bajas temperaturas, el mercado energético argentino registra una profunda readecuación en su estructura de precios. A pesar de las declaraciones oficiales que sostienen la existencia de un sendero gradual de actualización, los datos sectoriales reflejan variaciones tarifarias que superan ampliamente los índices de inflación general y la evolución de los ingresos salariales.
De acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) —organismo dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet—, el servicio de energía eléctrica acumuló un incremento del 494% desde diciembre de 2023. Por su parte, la tarifa de gas natural por red experimentó un ajuste del 2073%. Estas cifras contrastan significativamente con la inflación acumulada en el mismo período, que se situó en el 311,9%.
Segmentación, subsidios y calendario fiscal
La disparidad entre el promedio estadístico y el impacto real en los usuarios se explica, fundamentalmente, por el desmantelamiento progresivo del Régimen de Segmentación de Subsidios Energéticos (RASE). Informes del IIEP señalan que la reconfiguración del esquema de asistencia resultó en la pérdida total de subsidios para 1,8 millones de hogares, muchos de los cuales pertenecían a segmentos de ingresos medios y bajos, pasando a abonar la tarifa plena del servicio.
El cronograma de ajustes implementado por el Ministerio de Economía evidenció una dosificación temporal vinculada al calendario político. Durante el pasado período electoral de medio término, la administración central desaceleró el ritmo de actualizaciones para mitigar el impacto en el electorado. No obstante, el presente año muestra una notable aceleración.
A junio, la electricidad registró una suba interanual del 43% frente a una inflación estimada del 33% para el mismo lapso. El componente de mayor aceleración se concentró en el presente ejercicio, acumulando una variación del 35,3% desde enero, tras un incremento mensual del 14,8% en junio respecto a mayo. En el sector gasífero la dinámica resultó análoga: la variación interanual se ubicó en el 37%, pero el acumulado anual ascendió al 168,5%, impulsado por un ajuste del 23,4% en el último mes.
Incidencia sobre el ingreso y brecha socioeconómica
Esta dinámica modificó sustancialmente la ponderación de los servicios públicos en la canasta de consumo. Al analizar la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), el peso de la factura consolidada de luz y gas se elevó del 1% en noviembre de 2023 al 3,7% en junio del corriente año.
Las asimetrías se profundizan al evaluar el impacto relativo según el nivel de ingresos familiares:
| Indicador de Impacto Tarifario por Segmento | Hogares de Bajos Ingresos (Hasta 2 SMVM) | Hogares de Altos Ingresos (Sin Subsidio) |
| Incidencia de la factura de Electricidad | 3,9% | 1,2% |
| Incidencia de la factura de Gas Natural | 4,3% | 0,9% |
| Carga Total Consolidada sobre Ingresos | 8,2% | 2,0% |
Vulnerabilidad y el mercado de gas licuado
La problemática se agudiza en los sectores que carecen de acceso a la red de gas natural, condición que afecta al 35% de los hogares del país según datos del Indec del segundo semestre de 2025. Esta carencia estructural alcanza al 70% de los hogares en situación de indigencia y al 58,5% de los hogares pobres no indigentes. La falta de expansión de las redes periféricas coincide con la parálisis de los programas de infraestructura pública orientados a barrios vulnerables.
Ante la desregulación general del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) implementada a mediados de 2025, el precio de la garrafa de 10 kilogramos —principal insumo de los sectores no conectados— experimentó una suba exponencial. El valor de referencia, que se ubicaba en $10.900 en noviembre de 2023, cerró el último mes en una banda de cotización de entre $30.000 y $35.000.
A este escenario se sumó la disolución del Programa Hogar, sustituido por un mecanismo de reintegro directo de $9.000 que cubre menos del 30% del valor de mercado del producto. La implementación de un nuevo registro exclusivamente digital y sin articulación con las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha restringido el universo de beneficiarios: el padrón actual cuenta con 250.000 personas registradas, cifra que representa menos del 10% de la cobertura vigente al inicio del actual período de gobierno.
