La lupa judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha cobrado una intensidad renovada tras las declaraciones testimoniales de los responsables de la inmobiliaria que intervino en la adquisición de su departamento en el barrio de Caballito.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, los martilleros no solo arrojaron dudas sobre los montos consignados en los documentos oficiales, sino que calificaron de “anómala” la ingeniería financiera que permitió al funcionario hacerse con la propiedad.
Lo que comenzó como una revisión de rutina sobre declaraciones juradas se está transformando en un rompecabezas donde las piezas —precios de mercado, plazos de pago y vínculos personales— parecen no encajar con la lógica del sector inmobiliario.
La brecha del 40%: Un precio “fuera de mercado”
El primer foco de conflicto reside en la valuación del inmueble. Natalia Rucci, titular de la firma inmobiliaria que gestionó la operación, ofreció un testimonio contundente: la unidad fue lanzada al mercado con una pretensión de venta de entre 340.000 y 375.000 dólares. Se trata de cifras que reflejan el valor real de una propiedad en una de las zonas más cotizadas de Caballito, especialmente tras haber recibido mejoras significativas.
Sin embargo, la escritura final firmada por Adorni arrojó un número llamativamente inferior: 230.000 dólares. Esta diferencia, que supera el 40% del valor de tasación inicial, es el núcleo de la sospecha fiscal. Para los investigadores, esta “oferta excepcional” podría encubrir un precio real mayor pagado por fuera de los registros, o bien un beneficio injustificado que el funcionario deberá explicar en el marco de su evolución patrimonial.
Una hipoteca para el asombro
Si el precio resultó llamativo, la modalidad de pago fue descrita directamente como “poco frecuente” por los expertos del sector. Según consta en el expediente, el Jefe de Gabinete desembolsó apenas 30.000 dólares en efectivo. Para cubrir el saldo restante de 200.000 dólares, las vendedoras —dos mujeres jubiladas— aceptaron una hipoteca privada con condiciones que cualquier entidad bancaria consideraría ruinosas: 12 cuotas, sin intereses y con vencimiento a un año.
Rucci fue tajante ante la Justicia: una financiación de ese calibre, en dólares y a tasa cero, no existe en el mercado inmobiliario argentino actual. La fiscalía intenta determinar por qué dos jubiladas aceptarían postergar el cobro de la mayor parte de su patrimonio sin obtener ningún rédito financiero, asumiendo el riesgo inflacionario y cambiario de la economía local.
El factor Feijoo: ¿Un comprador “a dedo”?
La investigación ha identificado a un actor clave en la triangulación: Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras. Según la martillera Rucci, fue Feijoo quien bloqueó cualquier intento de la inmobiliaria por buscar nuevos interesados o renegociar el precio al alza. “Ya hay un comprador definido”, habría sido la directiva, asegurando que el departamento terminara en manos del actual Jefe de Gabinete.
Feijoo ha sido citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py esta semana. No llegará con las manos vacías: la Justicia le ha exigido la entrega de su teléfono celular y toda la documentación respaldatoria de la venta. Se busca establecer si existía un vínculo previo entre el entorno de Adorni y la familia vendedora que explique el trato preferencial.
Refacciones y trazabilidad: El origen de los fondos
Más allá de la compra, la Justicia ha puesto el ojo en las reformas estructurales realizadas en la unidad antes de la mudanza del funcionario. El Ministerio Público Fiscal busca determinar la cuantía de esas obras y, fundamentalmente, quién las pagó. El objetivo es cruzar esos gastos con los ingresos declarados por Adorni y su esposa para detectar posibles omisiones en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.
Una semana de definiciones en Comodoro Py
El desfile de testigos por los pasillos de Retiro apenas comienza. Además de Feijoo, se espera la declaración del encargado del edificio de Caballito y del expropietario de una vivienda en el country Indio Cuá, otra de las propiedades bajo la lupa patrimonial.
Con estas medidas, la Justicia busca reconstruir la trazabilidad del dinero. La pregunta que sobrevuela el despacho de Pollicita es simple pero inquietante: ¿Es el patrimonio de Manuel Adorni el reflejo fiel de su actividad profesional, o el departamento de Caballito es solo la punta del iceberg de un esquema de omisiones y beneficios incompatibles con la función pública?
