El campo argentino asiste hoy a un cambio de paradigma que excede lo estrictamente productivo para entrar en el terreno de lo patrimonial. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), piedra angular de la innovación y la extensión rural desde su fundación en 1956, atraviesa uno de los procesos de transformación —o “desguace”, según denuncian diversos sectores— más agresivos de su historia. En este escenario, la Provincia de Buenos Aires ha decidido mover una pieza clave en el tablero político: solicitó formalmente el traspaso de las tierras que el Gobierno Nacional pretende liquidar.
La ofensiva de la administración libertaria sobre el organismo no es una novedad, pero ha cobrado una velocidad inusitada. Tras el fallido intento de cierre por decreto —frenado oportunamente por el Congreso—, la estrategia viró hacia el vaciamiento de activos. El epicentro del conflicto se sitúa en las 47.500 hectáreas que el INTA puso a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esta cifra representa casi la mitad del patrimonio total de tierras del instituto, que ronda las 100.000 hectáreas en todo el territorio nacional.
El precedente de Palermo y la sombra de los negocios inmobiliarios
La preocupación no es infundada. En diciembre de 2024, el emblemático edificio de la calle Cerviño, en el barrio porteño de Palermo, fue rematado por 18,5 millones de dólares. La operación, que dejó al organismo sin su sede central administrativa, fue adquirida por el grupo IRSA, liderado por Eduardo Elsztain. Desde el sindicato de trabajadores del organismo (APINTA), las voces de alerta son constantes: denuncian que la lógica de “eficiencia” esgrimida por el Ejecutivo Nacional es, en realidad, una fachada para un fenomenal negocio inmobiliario que desprecia el valor de la investigación científica.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue tajante durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes:
“Hemos solicitado que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia de la AABE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación”.
Rodríguez confirmó que el pedido ya fue formalizado y que esperan una respuesta de la Casa Rosada. Para la Provincia, no se trata de un simple capricho territorial, sino de una necesidad estratégica para sostener la innovación técnica en el principal motor productivo del país.
El ajuste en cifras y territorio
El ajuste sobre el INTA tiene múltiples aristas que golpean directamente la capacidad de respuesta del sector agropecuario ante desafíos como el cambio climático o la mejora genética:
-
Cierre de agencias: Se han desactivado 24 agencias de extensión territorial, de las cuales 20 operaban en suelo bonaerense. Estas agencias son, a menudo, el único nexo entre el conocimiento técnico y el pequeño o mediano productor.
-
Recorte de personal: Un agresivo plan de retiros voluntarios, iniciado el pasado 30 de abril, busca reducir la planta de investigadores y extensionistas.
-
Tierras en la mira: El argumento oficial sostiene que los predios transferidos a la AABE están “en desuso”. Sin embargo, desde el sector académico advierten que una parcela en barbecho o de rotación no es “tierra ociosa”, sino parte de los ciclos de experimentación necesarios para el desarrollo de semillas y protocolos de manejo.
La Joya del AMBA: 33 hectáreas en disputa
Uno de los puntos más críticos de esta pulseada es el predio de la Estación Experimental AMBA, ubicado estratégicamente entre Hurlingham e Ituzaingó. Son 33 hectáreas de un valor inmobiliario incalculable por su ubicación urbana, pero con un valor técnico fundamental para la agricultura periurbana y el cinturón verde que abastece de alimentos frescos a la zona metropolitana.
En los pasillos del INTA y en los gremios, el temor es que este predio sea el próximo en la lista de remates, bajo la misma dinámica que se dio en Palermo. La posibilidad de que estas tierras pasen a manos privadas para desarrollos de real estate significaría la pérdida irreversible de décadas de ensayos de suelo y adaptación de cultivos.
La jugada del gobernador Axel Kicillof, a través de la cartera agraria, busca blindar estos activos. Si bien no existe una deuda explícita de Nación hacia la Provincia en este rubro —a diferencia de los reclamos en Desarrollo Social u Obra Pública—, la defensa de la infraestructura de ciencia y tecnología se ha convertido en una bandera política y técnica de la gestión bonaerense. El interrogante que queda flotando en el aire es si el Gobierno Nacional verá en este pedido una salida institucional o si profundizará la vía de la subasta al mejor postor. Mientras tanto, el INTA —y con él, el futuro tecnológico del agro— permanece en la sala de espera.
