Freno judicial al protocolo de San Isidro por trabas y violencia institucional en el acceso al IVE (aborto legal)
La Justicia ordenó al Municipio garantizar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tras un amparo de Amnistía Internacional. Referentes de la salud advierten sobre maniobras de disuasión e intimidación en el Hospital Central.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro ordenó al Municipio suspender el protocolo local que imponía restricciones arbitrarias al acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y exigió el cumplimiento irrestricto de la Ley Nacional 27.610. La resolución judicial surge a partir de una medida cautelar impulsada por Amnistía Internacional, la cual recopiló testimonios de usuarias y profesionales del Hospital Central entre 2024 y 2026 sobre trabas burocráticas, violaciones a la confidencialidad y presiones sobre los equipos sanitarios.
Maniobras de dilación y violencia psicológica Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (regional Conurbano Norte), la referente Agostina Felice alertó que las barreras impuestas constituían una forma de “tortura psicológica”. Los relatos de las usuarias expusieron la exigencia de circuitos administrativos no regulados, información falsa sobre los riesgos del procedimiento e incluso la entrega de escarpines en las consultas con el fin de persuadirlas para no abortar.
Al no contar el distrito con hospitales provinciales, la población de San Isidro quedaba rezagada a las directivas de la intendencia local, que condicionaba una práctica médica mayoritariamente ambulatoria.
El análisis de la Justicia La jueza María Paula Vénere subrayó que la atención de la IVE es una prestación médica altamente sensible al paso del tiempo. En el fallo, determinó que la fragmentación del servicio y las dilaciones injustificadas comprometen la responsabilidad estatal y configuran violencia institucional u obstétrica.
El dictamen obliga al gobierno local a:
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Respetar los plazos legales: Garantizar la práctica sin demoras burocráticas no previstas por la ley.
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Garantizar la confidencialidad: Proteger la intimidad de las pacientes y frenar las presiones sobre el personal de salud.
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Alineación normativa: Eliminar la obligatoriedad de intervenciones psicológicas de persuasión y ceñirse al protocolo nacional y la guía bonaerense.
Desafíos en la salud pública local Si bien la medida cautelar no resuelve el fondo de la causa, es de cumplimiento inmediato. Felice remarcó que las decisiones sanitarias y sobre los cuerpos corresponden a las personas gestantes y a la evidencia científica, no a posiciones partidarias o religiosas de los gobiernos locales, por lo que el Municipio debe adecuar de forma urgente la atención en el sistema de salud público.
