Galmarini impulsa un proyecto de ley para destinar bienes decomisados al crimen organizado a la asistencia social y la reparación de víctimas
La propuesta presentada en la Cámara Alta bonaerense por la senadora Malena Galmarini prevé crear una agencia autárquica para administrar vehículos y propiedades incautados. El esquema contempla fiscalización bicameral y el modelo de gestión italiano como referencia.
En los pasillos de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires tomó cuerpo una propuesta parlamentaria orientada a impactar de lleno en la estructura económica del crimen organizado y, al mismo tiempo, volcar esos recursos a las urgencias comunitarias. A través de un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Senadores bonaerense, se busca crear un marco institucional para que autos, inmuebles y activos confiscados en causas judiciales sean administrados por el Estado y reorientados hacia la asistencia social.
La iniciativa, impulsada por la senadora Malena Galmarini, establece la creación de la Agencia Provincial de Custodia, Administración y Reutilización de Bienes Decomisados. Según los fundamentos del texto, el objetivo central es que la recuperación patrimonial del delito no quede paralizada en depósitos o judicializada indefinidamente, sino que se transforme en una herramienta pública de reparación para las víctimas directas e indirectas de la delincuencia y de fortalecimiento para las organizaciones territoriales.
Autarquía, control cruzado y transparencia
El diseño institucional proyectado define a la futura Agencia como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Justicia provincial. Asimismo, contempla dos resortes clave de articulación y control institucional:
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Consejo Provincial Asesor: Espacio de consulta e integración interinstitucional para la fijación de criterios de asignación de bienes.
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Comisión Bicameral de Fiscalización: Organismo legislativo integrado por diputados y senadores bonaerenses, encargado de auditar la trazabilidad de los activos recuperados y velar por el pleno respeto de las garantías constitucionales.
Referencias internacionales y mirada estratégica
Al fundamentar la propuesta, la legisladora destacó las experiencias comparadas a nivel internacional, haciendo especial mención a la Agencia Nacional para la Administración y Destino de los Bienes Incautados y Confiscados a la Criminalidad Organizada (ANSBC) de Italia, un estándar global en la materia.
Galmarini remarcó la necesidad de dar un debate de fondo sobre el abordaje integral del crimen organizado en el territorio provincial, promoviendo una política de Estado de largo plazo que desarticule la capacidad financiera del delito y devuelva a la sociedad, en forma de inclusión y desarrollo social, aquello que le fue robado por el crimen.
