El fiscal Garganta elevó a juicio la causa contra Jorge D’Onofrio y empresarios por la licitación de la VTV. Los acusa de cobrar coimas para repartir el servicio en 16 zonas bonaerenses. Hay movimientos por casi 5 mil millones de pesos.
La causa que investiga la adjudicación del servicio de Verificación Técnica Vehicular en la provincia pegó un salto clave. El fiscal Álvaro Garganta pidió la elevación a juicio oral para el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio y varios empresarios. El expediente está en el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata.
La carátula es pesada: “D’Onofrio, Jorge Alberto y otros s/ Cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho activo”. Junto al ex funcionario quedaron pegadas la empresa proveedora de tecnología y las concesionarias de la VTV.
Para la fiscalía hubo un acuerdo cerrado entre marzo de 2023 y enero de 2024. La tesis es que D’Onofrio garantizaba diez años de explotación del servicio a cambio de beneficios económicos para su entorno. Un negocio redondo repartido en 16 zonas bonaerenses.
Casi 5 mil millones en juego
Los números que detalla Garganta son contundentes. Las concesionarias pagaban primero un 3% y después un 8,5% de lo que recaudaban por cada VTV, más IVA. Todo iba a parar a una intermediaria que, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, recibió más de 4.995 millones de pesos.
La fiscalía reconstruyó el circuito con informes bancarios, documentación secuestrada en allanamientos y registros societarios. También sumó papeles de la licitación pública y reportes de organismos nacionales y provinciales. Una batería de pruebas para sostener el pedido de juicio.
Licitación “direccionada”
El punto más flojo del proceso, según la acusación, fue la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/23. Garganta sostiene que hubo direccionamiento para que ganaran siempre las mismas siete empresas. Nada de competencia real.
La fiscalía marcó sociedades creadas días antes de presentar ofertas y supuestas incompatibilidades de algunos integrantes. También cuestionó la falta de garantías válidas y la ausencia de superposición de ofertas entre los ganadores. Para el fiscal, eso confirma un acuerdo previo.
Descargos que no cierran
Los acusados ya presentaron su descargo por escrito. Garganta lo mencionó en el requerimiento y marcó que eso le impidió hacer “preguntas fundamentales”. De todas formas, consideró que los argumentos no alcanzan para tumbar la prueba de cargo reunida hasta ahora.
Como órgano de juicio propuso que intervenga un Juzgado del fuero Correccional. Ahora la definición está en manos de la Justicia. Si se hace lugar, D’Onofrio irá a debate oral por cohecho y negociaciones incompatibles.
Fotomultas, la otra pata
La causa de la VTV no viene sola. Fuentes judiciales confirmaron que avanza también la pesquisa por las fotomultas. Garganta investiga una red de gestores que ofrecían borrar infracciones con descuentos de hasta 50%.
En ese entramado aparecerían jueces de faltas y ex funcionarios del Ministerio de Transporte. Incluso el fiscal federal Paul Starc ya pidió documentación a Garganta. Y desde San Martín, el fiscal Jorge Sica reclamó informes sobre el sistema SACIT. Mientras tanto, los conductores siguen pagando el precio de un sistema cuestionado.
