Tras declarar desierta la primera licitación por falta de interesados privados, el Ejecutivo ratificó que buscará un nuevo llamado para concesionar el Canal de la Ciudad y las radios oficiales. La oposición y los gremios denuncian que la medida viola la Constitución local, mientras el Enacom advierte que el proceso colisiona con el marco regulatorio vigente de los medios públicos de la Ciudad.
Por Redacción
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, ratificó su decisión de avanzar con el proceso de concesión —paso previo a la privatización— de su red de medios públicos de la ciudad. La determinación oficial se mantiene firme a pesar de que el primer llamado a licitación fue declarado desierto por falta de propuestas del sector privado, y en medio de un creciente frente de conflicto legal, político y sindical.
La medida oficial afecta de manera directa al Canal de la Ciudad, a la radio AM 1110 (Radio de la Ciudad) y a la FM 2×4. Desde los sectores sindicales y las bancadas opositoras, la iniciativa del exintendente de Vicente López es leída como un detrimento del patrimonio público que, en paralelo, contrasta con millonarias licitaciones y concesiones de predios públicos —como el Jardín Botánico— que favorecen a los grandes conglomerados de medios privados del país.
El freno del Enacom y el debate constitucional
El proyecto del Ejecutivo porteño encontró un severo escollo regulatorio en el plano nacional. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) envió una advertencia formal a la administración capitalina, señalando que el pliego licitatorio colisiona con la normativa vigente. A través de un documento oficial, el organismo solicitó frenar la transferencia de las frecuencias estatales.
Por su parte, la oposición en la Legislatura porteña busca obturar el avance privatizador por la vía institucional. La legisladora Graciana Peñafort (Fuerza por Buenos Aires), acompañada por un bloque de diputados, presentó un proyecto de ley que plantea la creación de un ente autárquico para administrar las señales locales, la Televisión Digital Abierta (TDA) y las plataformas futuras.
“Esto ya está establecido en la Constitución porteña y Macri decidió ignorarla. Queremos presionar con un sistema de medios públicos administrado por la Ciudad, parecido al sistema que tiene la República Argentina”, argumentó Peñafort, invocando el artículo 47 de la Carta Magna local y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).
Resistencia sindical ante un escenario abierto
A pesar de que la apertura de sobres no arrojó interesados del sector privado, el Ejecutivo local confirmó que insistirá con el esquema de concesiones. Ante este escenario, los trabajadores organizados profundizaron las medidas de visibilización con festivales y conferencias de prensa, respaldados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Sebastián Díaz, secretario gremial de SiPreBA, explicó la estrategia del sector frente a una eventual segunda vuelta licitatoria:
“Nosotros estamos articulando con los laburantes y también acompañamos la presentación judicial. Hoy hablar de medidas concretas sería apresurado porque ni siquiera conocemos el alcance que podría tener otra eventual licitación. Lo que sí está claro es que el sindicato ya tiene herramientas para intervenir como lo hizo en otros conflictos de medios públicos: gestiones institucionales, diálogo con las autoridades, y sobre todo articular con otros sindicatos para defender los puestos de trabajo y el carácter público de los medios”.
El conflicto técnico, político y laboral queda así abierto, a la espera de los próximos movimientos de un Ejecutivo porteño decidido a desprenderse de la gestión directa de sus señales de comunicación.
Informe Norte
