En esta oportunidad, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo (Unión por la Patria), se sumó al debate con definiciones contundentes. Su postura no solo busca aliviar las arcas locales, sino que también expone una grieta profunda en la relación entre los jefes comunales y el esquema tributario nacional.
La gestión de los residuos sólidos urbanos se ha transformado en el nuevo campo de batalla entre el poder político municipal y el sindicalismo de peso pesado en la provincia de Buenos Aires. Lo que comenzó como un reclamo aislado por los altos costos operativos ha escalado a una discusión estructural sobre la municipalización del servicio, un movimiento que pone en pie de guerra al sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano.
El “corsé” financiero de los municipios
Para cualquier intendente del Gran Buenos Aires, el contrato de recolección de residuos representa, históricamente, entre el 20% y el 30% del presupuesto total del distrito. En un contexto de recortes de fondos nacionales y caída de la recaudación, este ítem se ha vuelto insostenible bajo las condiciones actuales.
Durante una reciente entrevista en el programa Primer Plano, Descalzo fue claro al señalar que el sistema requiere una cirugía mayor. “Es uno de los gastos más importantes que tiene cualquier Municipio, sobre todo aquellos que administramos grandes volúmenes de residuos”, explicó el jefe comunal. Para Descalzo, la solución no es solo técnica, sino política: “Tiene que existir un rediseño, y nos tenemos que sentar a hablar con los gremios, con los trabajadores y con las empresas”.
El planteo de Ituzaingó introduce un elemento que hasta ahora no estaba en el centro del debate: la presión impositiva nacional. Descalzo denunció que los municipios actúan como financistas del Estado Nacional a través del IVA.
“El año pasado Ituzaingó aportó casi 9 mil millones de pesos a las arcas del Tesoro Nacional y no volvió ni un centavo”, cuestionó el intendente.
La propuesta es concreta: eliminar el 21% de IVA que pagan las comunas por este servicio o, en su defecto, aplicar una alícuota diferenciada que permita reinvertir ese dinero en infraestructura local.
La guardia alta de Pablo Moyano
La posibilidad de que los municipios retomen el control directo del servicio —la municipalización— ha encendido las alarmas en la sede de la calle San José. Para el sindicato de Camioneros, cualquier intento de modificar el statu quo actual es interpretado como un ataque directo a los convenios colectivos de trabajo.
La tensión alcanzó su punto máximo tras las declaraciones de Hernán Doval, secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), quien se mostró a favor de la municipalización. La respuesta de Pablo Moyano no se hizo esperar, acusando a Doval de ser un “personaje nefasto” que actúa como “jefe de prensa de los intendentes”.
Desde el gremio advierten que el pase de los trabajadores al ámbito municipal escondería una intención de precarización laboral. Bajo el régimen municipal, los salarios suelen ser considerablemente más bajos que los estipulados en el convenio de Camioneros. “Quieren destruir convenios y empujar a las familias trabajadoras a la miseria”, lanzó Moyano, dejando claro que no habrá negociación posible que implique la pérdida de “derechos conquistados”.
Villa Gesell: El “caso testigo” que miran todos
El conflicto no es solo retórico. En la costa atlántica, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, decidió pasar de las palabras a la acción. Mediante un decreto, eliminó el servicio de barrido que prestaba la empresa privada Santa Elena, lo que resultó en el despido de 45 trabajadores.
Este movimiento generó una parálisis total del servicio en el distrito y una intervención directa del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó la conciliación obligatoria. El desenlace en Villa Gesell será clave:
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Si Barrera logra sostener la medida, sentará un precedente para otros intendentes asfixiados por los costos.
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Si el gremio logra revertir el decreto, la estructura actual se consolidará como inamovible.
Un debate que recién comienza
La postura de Pablo Descalzo refleja una tendencia creciente en el Conurbano. Ya no se trata solo de una cuestión de eficiencia operativa, sino de supervivencia financiera. Los intendentes buscan autonomía frente a empresas que imponen tarifas elevadas y sindicatos que bloquean cualquier reforma.
Sin embargo, el camino hacia la municipalización está lleno de obstáculos. Además de la resistencia sindical, los municipios enfrentan el desafío de adquirir maquinaria propia (camiones compactadores, palas mecánicas) y asumir la logística de un servicio que no admite interrupciones sin generar una crisis sanitaria inmediata.
El debate está abierto y la tensión promete escalar. Entre la necesidad de los municipios de cuidar cada peso y la férrea defensa gremial de los salarios, queda una ciudadanía que exige un servicio eficiente en medio de una disputa de poder que definirá el futuro de la gestión pública en la provincia.
¿Lograrán los intendentes torcerle el brazo al modelo de tercerización vigente desde hace décadas o la presión de Camioneros mantendrá el sistema intacto? La respuesta, por ahora, parece estar en las mesas de negociación que aún no logran conformarse.
Video Gentileza de Primer Plano
Redacción: Informe Norte
