La Secretaría de Transporte oficializará un aumento sustancial en los pasajes, congelados desde septiembre de 2024. La medida busca evitar ajustes durante el año electoral y sanear las cuentas para hacer atractiva a la empresa estatal de cara a su privatización, todo en un contexto donde los gremios denuncian recortes en las frecuencias del AMBA y la paralización casi total de los servicios de larga distancia.
El secretario de Transporte, Mariano Plencovich, aprobó un incremento significativo en las tarifas de los trenes y se espera la inminente publicación en el Boletín Oficial de la resolución que convocará a la audiencia pública para autorizar el ajuste. Aunque las autoridades mantienen bajo reserva los porcentajes exactos, fuentes oficiales anticipan que el aumento será “fuertísimo”. La estrategia gubernamental es clara: compensar el congelamiento tarifario vigente e implementar un incremento holgado ahora, para así evitar el costo político de nuevas subas durante el próximo año electoral.
A partir del 18 de mayo de 2026, el Gobierno nacional implementará un aumento escalonado en las tarifas de trenes del AMBA, con subas que buscan reducir subsidios. El boleto mínimo pasará de $280 a $330 (18% de aumento inicial) para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, con nuevos ajustes previstos hacia septiembre.
Detalles del Aumento de Trenes (AMBA – Mayo 2026):Inicio del aumento: 18 de mayo.Aumento en Mayo: El boleto mínimo de la primera sección subirá un 18%, pasando de $280 a $330.Proyección: Se anticipa una suba acumulada del 90% para septiembre, alcanzando el boleto a $530.SUBE sin registrar: Los pasajeros sin la tarjeta registrada abonarán una tarifa significativamente superior (similar a los $1.428 establecidos para colectivos).Alcance: Aplica a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur.
El inminente tarifazo se enmarca en un proceso de fuerte ajuste presupuestario en el sector. De acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-CONICET, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOF) —empresa que administra los trenes urbanos— sufrió hasta el acumulado de abril de 2026 una reducción nominal del 21% en las transferencias estatales, lo que se traduce en una drástica caída real del 40%. Desde la Casa Rosada confirman que el objetivo de este recorte y del reacomodamiento tarifario es sanear los números de la compañía operadora para generar condiciones financieras más atractivas frente a una eventual privatización.
Sin embargo, el reajuste económico contrasta con la grave situación operativa del servicio, que actualmente se encuentra bajo una declaración oficial de “Emergencia Ferroviaria”. Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estado de los trenes en tiempo real a través de la aplicación oficial debido a las constantes alteraciones por tareas de mantenimiento estructural.
Crisis estructural y denuncia gremial
El panorama es severamente cuestionado por los gremios del sector. El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, denuncia una crisis estructural profunda y un “estado de abandono” generalizado que los obliga a operar en condiciones de “prehistoria ferroviaria”. Según la entidad sindical, se ha registrado una reducción del 33% en las frecuencias del AMBA producto de la falta de material rodante, la escasez de repuestos, el déficit de inversiones y una caída en la plantilla laboral, dado que el personal que se retira no es reemplazado.
A este clima de tensión se suman las advertencias de medidas de fuerza, reducciones intencionales de velocidad y reclamos laborales paralelos, como las alertas de la UPSRA por falta de pago a los vigiladores privados en ramales críticos como la línea Roca.
El deterioro de la infraestructura golpea con especial dureza más allá de los límites metropolitanos. El sindicato advierte que la gran mayoría de los trenes de larga distancia se encuentran inoperativos. Entre los ramales suspendidos destacan los servicios Retiro–Tucumán, Retiro–Córdoba, Buenos Aires–Mendoza–San Luis, Constitución–Bahía Blanca y Constitución–Pinamar.
Finalmente, el transporte de cargas refleja quizás la estadística más alarmante del estado de la red: tanto en las concesiones estatales como en las privadas, las formaciones se ven obligadas a circular a una velocidad promedio de apenas 15 kilómetros por hora y se registran, en promedio, tres descarrilamientos por día.
Redacción: Informe Norte
