Milei va la Corte para frenar una ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso
La Casa Rosada no da el brazo a torcer. Después de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, de promulgarla con suspensión incluida por decreto y de perder ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el Gobierno de Javier Milei presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para intentar, una vez más, frenar la aplicación de una norma que el Congreso le ha impuesto en dos ocasiones distintas. La maniobra jurídica reaviva una disputa que combina política educativa, presupuesto y tensión institucional en uno de los conflictos más persistentes de la gestión libertaria.El argumento que el Ejecutivo lleva al máximo tribunal no es nuevo. Es, esencialmente, el mismo que ya utilizó cuando vetó la ley en 2025, el mismo que plasmó en el decreto 647/2025 al promulgarla y el mismo que la Cámara rechazó el 31 de marzo pasado. La posición oficial se resume en una frase que repiten las fuentes del Gobierno: “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”. Sobre esa base, el oficialismo sostiene que la norma quedaría suspendida en su ejecución —por aplicación del artículo 5 de la ley 24.629— hasta que el Congreso defina de dónde saldrá el dinero e incorpore las partidas al presupuesto nacional.
El problema es que ese razonamiento ya fue descartado por la Justicia. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en su resolución del 31 de marzo, confirmó la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que regulan la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios, y la recomposición de las becas estudiantiles. Los jueces fueron directos: no es posible suspender la aplicación de una ley posterior del Congreso apoyándose en otra norma anterior de igual jerarquía. En otras palabras, una ley no puede ser neutralizada por otra ley más vieja sin que medie una reforma expresa.
Ese revés judicial no modificó la estrategia del Gobierno. En Balcarce 50 reconocen que el recurso ante la Corte apunta, al menos en parte, a ganar tiempo. La lógica es clara: si el máximo tribunal acepta la presentación y dicta alguna medida cautelar, la implementación de la ley podría quedar en suspenso por semanas o meses adicionales, lo que le daría al Ejecutivo margen para avanzar con un plan alternativo que ya está en discusión en la mesa chica del Presidente.
Ese plan consiste en impulsar una nueva ley que modifique el costo fiscal de la norma vigente y obligue al Congreso a volver a debatir el financiamiento universitario con condiciones más restrictivas. El objetivo sería reducir el impacto presupuestario de la ley 27.795 sin resignar por completo la iniciativa legislativa. Mientras eso ocurre, el Gobierno asegura que actualizará las partidas universitarias y cumplirá con las erogaciones mensuales que habilita la ley, aunque con una lógica de ejecución graduada que dista mucho de un pago inmediato y total.
La interpretación oficial es la siguiente: el costo de la ley no implica un desembolso único que deba girar en un solo movimiento, sino una adecuación de partidas que se distribuirá internamente durante el ejercicio fiscal. Según fuentes oficiales, esa adecuación presupuestaria quedará incorporada al presupuesto 2026 y se ejecutará de forma mensual hasta fin de año. No habría, al menos desde la óptica del Ejecutivo, un pago retroactivo global e inmediato.
Esa lectura coincide, en parte, con lo que esperan dentro del sistema universitario. Fuentes de la Universidad de Buenos Aires también proyectan que la erogación será mensual y que, por ahora, no incluirá un pago retroactivo pleno. Sin embargo, en ese sector persiste una preocupación concreta: la nueva apelación judicial podría volver a demorar la implementación efectiva de la ley, manteniendo abierto un escenario de incertidumbre sobre cuándo y cómo llegará realmente el dinero a las universidades. La experiencia reciente no invita al optimismo: cada instancia judicial ha extendido los plazos y diluido las expectativas de una solución rápida.
Lo que sí resulta novedoso en esta etapa es la escala del conflicto institucional que el Gobierno está dispuesto a asumir. La pelea universitaria llega a la Corte Suprema en simultáneo con otro frente de alta tensión: la Casa Rosada también impulsó un per saltum —un recurso de salto de instancia— para intentar revertir la suspensión judicial de parte de la reforma laboral. El resultado es que el máximo tribunal de la Argentina queda involucrado, al mismo tiempo, en dos disputas de enorme peso político: una sobre el financiamiento de las universidades públicas y otra sobre las condiciones de trabajo de millones de empleados.
En Balcarce 50 reconocen que ambos frentes colocan a la Corte en el centro de la agenda. Lo que no dicen —al menos públicamente— es qué pasará si el tribunal también rechaza los argumentos del Ejecutivo en materia universitaria. Porque si eso ocurre, el Gobierno habrá perdido ante la Corte, ante la Cámara y ante el Congreso en torno a la misma cuestión. Y la pregunta que quedará flotando es difícil de eludir: ¿cuántas veces se puede insistir con el mismo argumento antes de que la estrategia se agote?
Por ahora, la respuesta oficial es seguir adelante. La ley existe, la Justicia ordenó cumplirla, y el Gobierno sigue buscando la manera de no hacerlo —o de hacerlo lo menos posible— mientras negocia en silencio una salida legislativa que todavía no tiene forma definitiva. Las universidades, mientras tanto, esperan.
Redacción: Informe Norte
