Ramón Lanús: Asbesto y mercurio bajo tierra: vecinos de San Isidro denuncian riesgos ambientales y falta de información por una mega obra en Martínez
La demolición de un antiguo predio industrial en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, encendió las alarmas en el barrio. En el terreno ubicado sobre la calle Cuyo al 2900 —donde históricamente funcionó una fábrica textil y, previamente, una planta de tubos fluorescentes— se proyecta la construcción de Black Martínez, un megacomplejo inmobiliario que contempla 309 viviendas, 70 oficinas, 15 locales comerciales y cerca de 770 cocheras distribuidas en dos subsuelos.
Sin embargo, el avance de las tareas preliminares desató fuertes cuestionamientos por parte de los residentes de la zona, quienes advierten sobre la presencia de sustancias altamente tóxicas en el predio, denuncian irregularidades en el manejo de los residuos peligrosos y apuntan contra la gestión municipal por habilitar los trabajos sin garantizar la seguridad sanitaria del entorno.
Los datos del estudio ambiental
El conflicto gira en torno al propio Estudio de Impacto Ambiental presentado por la firma desarrolladora. Según detallaron los vecinos tras analizar la documentación, el informe admite la existencia de fibrocemento con asbesto —un mineral cancerígeno cuyo uso y manipulación están estrictamente regulados— en techos y paneles de aproximadamente 15 naves industriales. En total, se relevaron 18.300 kilos de este material distribuidos a lo largo de 15.000 metros cuadrados.
El diagnóstico del suelo también arrojó indicadores críticos vinculados al pasado industrial del lote:
Cadmio: las muestras detectaron niveles nueve veces superiores al límite permitido por la legislación vigente.
Mercurio: se registraron valores excedidos en el sector donde operaban los transformadores, un hallazgo que los habitantes vinculan con la antigua producción de tubos fluorescentes en el lugar.
Retiro sin aviso y riesgo para las napas
La preocupación vecinal escaló en los últimos días tras confirmarse que el desmantelamiento de las estructuras ya está en marcha. Lucía, delegada en San Isidro de la Defensoría del Pueblo bonaerense, denunció que la semana pasada se retiraron chapas con asbesto sin notificación previa a las familias linderas. Como consecuencia, los frentistas no tuvieron oportunidad de tomar recaudos básicos ante la posible dispersión de fibras tóxicas en el aire, como cerrar sus ventanas o cubrir los tanques de agua domiciliarios.
A la exposición aérea se suma el temor por la contaminación subterránea. El proyecto prevé excavar dos niveles de subsuelo que alcanzarán los 6,75 metros de profundidad. Desde la comunidad advierten que remover ese volumen de tierra contaminada con metales pesados no solo representa un foco de riesgo en superficie, sino que amenaza directamente la integridad de las napas freáticas por donde circula el acuífero Puelche, una de las principales reservas de agua dulce de la región.
Cruces con el Municipio y reclamos por el impacto urbano
Las críticas políticas apuntan directamente al intendente Ramón Lanús, a quien los vecinos acusan de mantener silencio frente a los pedidos de audiencia y explicaciones. El malestar radica en una contradicción administrativa: mientras aún se encuentra abierto el plazo legal de 30 días de consulta ciudadana para que la población presente objeciones al estudio ambiental, las máquinas ya trabajan en la demolición. Desde el Ejecutivo local sostienen que las tareas ejecutadas cuentan con el aval ambiental de la Provincia, aunque en el barrio insisten en que el operativo se realizó a espaldas de la comunidad y sin protocolos de protección.
Más allá de la emergencia toxicológica, la asamblea vecinal alerta sobre el impacto urbanístico de insertar un desarrollo de esta escala en un tejido residencial de casas bajas. Estiman que el complejo incorporará a más de mil nuevos residentes y triplicará el flujo vehicular en calles barriales, provocando además el colapso de las redes de agua corriente y cloacas.
Frente a este escenario, los vecinos ya formalizaron presentaciones ante el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de San Isidro, y solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para realizar un peritaje independiente. El reclamo de fondo de la asamblea exige frenar el desarrollo inmobiliario, obligar al Estado a ejecutar un saneamiento integral del suelo y destinar las tres hectáreas y media del predio a la creación de un parque público.
Redacción Martín Gredillas – San Isidro




