Escándalo en San Isidro: Murió en 2024, pero para el municipio seguía cobrando el sueldo como empleado activo
La familia de José Luis Caro, fallecido en diciembre pasado, descubrió al intentar tramitar un beneficio en ANSES que el joven figuraba en la nómina municipal. Aseguran que jamás trabajó para el Estado. La Justicia investiga la ruta del dinero y quién autorizó el alta.
Lo que comenzó como un doloroso trámite tras una tragedia familiar destapó lo que podría ser un grave caso de corrupción, o bien una negligencia administrativa sin precedentes, dentro de la Municipalidad de San Isidro. La figura del “empleado fantasma” resuena con fuerza en los pasillos de la comuna luego de que se denunciara que un joven fallecido continuaba registrado como trabajador activo en el municipio.
José Luis Caro perdió la vida el 8 de diciembre de 2024 tras sufrir un accidente en la vía pública en San Miguel. Meses después, su pareja, Yamila Benítez, acudió a la delegación de ANSES en Hurlingham para gestionar un beneficio social. La respuesta del organismo previsional la dejó sin palabras: no solo le denegaron el trámite, sino que perdió la asignación familiar que percibía. El motivo oficial indicaba que su pareja fallecida figuraba como un trabajador “en blanco” y en actividad, cuyo empleador era la Municipalidad de San Isidro, bajo la gestión de Ramón Lanús.
La sorpresa mutó rápidamente en una denuncia judicial impulsada por la madre del joven, Olga Rafaelli. La mujer fue categórica en su testimonio: “Mi hijo nunca trabajó en el partido de San Isidro ni para ninguna administración pública”. Según detalló la familia, Caro era un trabajador independiente que se ganaba la vida como proveedor de teléfonos celulares, muy lejos de los despachos municipales.
Este hallazgo abre un abanico de interrogantes que ahora están bajo la lupa judicial:
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¿Quién y cómo dio de alta a Caro en el sistema de Recursos Humanos de la municipalidad?
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¿Existe un legajo físico o digital que respalde esta supuesta contratación?
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Si se liquidaron haberes durante estos meses (incluso de manera póstuma), ¿a qué cuenta bancaria se transfirieron los fondos y quién extrajo ese dinero?
El fallecimiento del joven ya tramitaba en la UFI N° 19 del Departamento Judicial de San Martín debido a las circunstancias del accidente vial, pero esta nueva ramificación pone el foco directamente sobre los registros del Estado municipal.
ANSES ya puso a disposición de la Justicia toda la documentación que acredita el vínculo laboral registrado. Estos elementos, que incluyen posibles altas, recibos, aportes y transferencias salariales, serán la pieza clave para reconstruir la ruta de los fondos. Ahora, la Justicia deberá determinar si la comuna cometió un insólito y macabro error de sistema, o si el nombre del joven fallecido fue utilizado como una fachada ilícita para desviar fondos públicos.
Redacción San Isidro
