Privatización de AySA: el Gobierno estira los plazos en medio del embate judicial bonaerense y la necesidad de dólares
La Casa Rosada extendió hasta el 15 de septiembre la recepción de ofertas por la concesión a 30 años de la compañía de agua. Detrás de la medida conviven el amparo del intendente Fernando Gray para sumar a Axel Kicillof a la compulsa y la urgencia del Palacio de Hacienda por asegurarse divisas clave para 2027.
El Poder Ejecutivo decidió recalibrar los tiempos en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). A través de una resolución dictada tras intensas negociaciones en el Ministerio de Economía, la fecha límite para la presentación de ofertas —prevista originalmente para este jueves 27 de agosto— se postergó hasta el próximo martes 15 de septiembre, según se oficializará en las próximas horas en el Boletín Oficial.
Detrás de la decisión técnica se esconde una marcada pulseada política e institucional. En los pasillos oficiales admiten la incidencia que tuvo la ofensiva judicial encarada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien interpuso un amparo para frenar la licitación. La maniobra busca forzar la incorporación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la contienda mediante la estatal provincia de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).
Para la administración de Javier Milei, la transferencia de la red de agua potable y cloacas —que presta servicio a 14 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano— representa una pieza clave del programa económico. La venta del 90% del paquete accionario reportaría al Palacio de Hacienda una caja cercana a los 500 millones de dólares, un flujo de divisas que el ministro Luis Caputo considera estratégico para engrosar las reservas con vistas a los vencimientos de deuda de 2027.
El mapa de los interesados y el filtro técnico
El pliego exige acreditar experiencia técnica en la operación simultánea de los servicios de agua y saneamiento, un requisito que obliga a los grupos empresarios locales a buscar alianzas con operadores internacionales.
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Los competidores locales: El Grupo Roggio (actual concesionario de Aguas Cordobesas) se perfila como el principal candidato de capitales nacionales para liderar un consorcio. En paralelo, Mauricio Filiberti —dueño de Transclor y socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor— analiza los números para definir si ingresa al concurso.
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El tablero internacional: Desde Brasil, tanto Sabesp como Águas do Rio mostraron intenciones concretas de desembarcar en el mercado argentino. Más lejos quedaron la francesa Veolia, atravesada por dudas internas sobre la rentabilidad del proyecto, y la estatal israelí Mekorot, rechazada formalmente por la imposición del pliego que excluye a compañías bajo control público de otros Estados.
Tarifas sin subsidios y un multimillonario plan de inversión
El traspaso a manos privadas se da en un contexto de recomposición de ingresos para la compañía. Tras absorbar el retraso acumulado durante 2025 y operar sin subsidios del Estado nacional para funcionamiento y mantenimiento desde 2024, AySA aplicará en septiembre un ajuste tarifario del 2,3%, en consonancia con la senda de inflación oficial.
En simultáneo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dio luz verde al “Plan de Acción de la Concesionaria” proyectado para el quinquenio 2027-2031. El programa exige al futuro operador privado un compromiso de inversión inicial de 1.950 millones de dólares, que incluye como meta central la instalación de 100.000 medidores anuales para optimizar la eficiencia operativa e impositiva de la red.
