Los gobiernos municipales garantizan la sostenibilidad del sistema democrático. Ante la confrontación ejerzamos la fuerza del diálogo.
En un reciente posteo en redes sociales el Ministro de Economía @LuisCaputoAR, intimó a los gobiernos provinciales a efectos de que promuevan la derogación de “tasas municipales” (el entrecomillado es textual) con el argumento de que no guardan relación con el costo de la prestación del servicio.
El enunciado configura un avasallamiento del federalismo y de las autonomías municipales consagrados en nuestra Constitución Nacional y similares provinciales.
En primer lugar, tenemos que derribar el mito de los municipios como recaudadores compulsivos. En efecto, del total de la carga impositiva que tienen los ciudadanos argentinos, considerando una base 100 respecto de impuestos directos e indirectos, el Estado Nacional recauda un total de un 80, las provincias un 17 y los municipios solo el 3 aproximadamente.
Esto demuestra palmariamente el injusto avance mediático del Poder Ejecutivo Nacional, sobre el escalón más bajo y sensible de la democracia: los gobiernos locales.
Respecto de ese 80% del total de impuestos que pagan los ciudadanos, el Estado Nacional no solo no ha tomado una sola medida que implique menor carga impositiva para los contribuyentes, sino que las ha aumentado al reponer el impuesto a las ganancias, además de profundizar la distribución injusta del ingreso de la población, conforme a los postulados de la constelación libertaria.
Los municipios que gestionamos, particularmente en el ámbito del Gran Buenos Aires, han tenido en las últimas dos décadas un incremento considerable de sus misiones y funciones, particularmente a partir del desmoronamiento del Estado Nación en diciembre de 2001.
En segundo lugar, es público y notorio que los municipios hoy ya no son los que se ocupan del alumbrado, barrido y la limpieza (ABL), sino que, a tenor de la crisis social y de seguridad sobrevinientes, han tenido que aguzar el ingenio a fin de cumplir las expectativas de nuestras comunidades referidas a protección ciudadana (seguridad), salud, políticas sociales diversas -desde la ayuda social directa, alimentaria y de hábitat hasta políticas integrales para niños, niñas y adolescentes, mujeres y diversidades- políticas educativas, deportivas y culturales, asistencia y acompañamiento de instituciones de la comunidad a fin de que no se deteriore el tejido asociativo; mantenimiento de nuestros espacios públicos, atención de emergencias a raíz de fenómenos emergentes de la crisis climática, etc.
Todas esas políticas, que los ciudadanos perciben y que están sujetas cotidianamente a su control y aprobación o desaprobación, son sostenidas con ese aproximado 3% de todas las cargas impositivas que existen en la Argentina. Con esos escasos recursos los gobiernos municipales garantizan la sostenibilidad del sistema democrático, asegurando la paz y cohesión social en nuestras ciudades a partir del amplio abanico de políticas que impactan en el desarrollo humano de nuestros vecinos.
En tercer lugar, nuestros ingresos y egresos están auditados por el órgano de la constitución provincial que es el Honorable Tribunal de Cuentas, por el Honorable Concejo Deliberante de cada comunidad -con una representación de todo el arco político- y cotidianamente por nuestros vecinos, que cada dos años expresan su apoyo o descontento por lo actuado por cada intendente. Además de ello, nos es imposible emitir moneda, y estamos obligados a tener un estricto balance entre ingresos y egresos, esto es, no podemos tener déficit.
Redacción: Informe Norte / www.informenorte.com.ar