Uber, Cabify y Didi: La Justicia porteña equiparó las exigencias de las plataformas tecnológicas con las del servicio de taxis. La medida obliga a los conductores de aplicaciones a contar con habilitaciones específicas, seguros para pasajeros y licencias de conducir profesionales para operar en la Ciudad.
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo que marca un precedente sustancial en la regulación del transporte urbano. A partir de esta resolución, los conductores que prestan servicios a través de plataformas como Uber, Cabify y DiDi deberán cumplir con las mismas obligaciones legales que rigen para taxistas y remiseros, poniendo fin a años de diferenciación normativa.
El fallo surge como respuesta a una demanda impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis. Los magistrados Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín fundamentaron que estas empresas no operan meramente como plataformas tecnológicas, sino como prestadoras de un “servicio global de transporte”. En su argumentación, el tribunal citó jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sostener que estas aplicaciones deben estar sujetas a los controles y exigencias del sector.
Nuevas exigencias para los conductores
Hasta el momento, una gran parte de los choferes de aplicaciones operaba con licencias de conducir particulares. Con la nueva disposición, los trabajadores del sector deberán adecuarse a un esquema de mayor control estatal que incluye:
Críticas a la gestión estatal y medidas complementarias
La sentencia también incluye un duro cuestionamiento al Gobierno de la Ciudad por haber mantenido una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las plataformas. Según el tribunal, mientras el Ejecutivo porteño calificaba a Uber como un servicio clandestino, permitía simultáneamente su publicidad en espacios públicos sin ejercer controles efectivos para impedir su actividad.
“La Justicia ordenó a la administración local avanzar en el cobro de impuestos locales e iniciar campañas informativas sobre los riesgos de utilizar vehículos no autorizados.”
En consecuencia, la Justicia ordenó a la administración local avanzar en el cobro de impuestos locales a las empresas de transporte digital e iniciar campañas informativas para advertir a los usuarios sobre los posibles riesgos de utilizar vehículos sin las licencias y seguros correspondientes.
Finalmente, el fallo establece una medida de alivio fiscal para el sector tradicional: mientras persista la asimetría regulatoria entre las aplicaciones y los taxis, el Gobierno de la Ciudad no podrá cobrar a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con la operación del servicio, buscando así equilibrar los costos operativos entre ambos competidores.
Redacción: Informe Norte
