La Defensoría del Pueblo bonaerense exige frenar la privatización de AySA hasta que se garanticen las obras y el servicio
El organismo conducido por Guido Lorenzino recurrió a la Justicia para advertir sobre el incumplimiento de una medida cautelar que exige preservar inversiones, mantener prestaciones y garantizar condiciones sanitarias.
La Plata. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Guido Lorenzino, elevó un reclamo urgente ante la Justicia para frenar el avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), al denunciar que no se están garantizando los compromisos básicos de inversión, calidad de servicio y remediación ambiental.
El planteo judicial se produce en medio de la licitación impulsada por el Gobierno nacional para vender el 90% del paquete accionario de la empresa pública. Si bien ya se abrieron las ofertas económicas de los dos consorcios en carrera, la Defensoría remarcó que aún no se ha presentado documentación técnica ni legal suficiente que asegure el cumplimiento de los mandatos judiciales vigentes.
Alerta por el cumplimiento de la cautelar
El organismo recordó que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata —con la ratificación posterior de la Cámara— dictó una medida cautelar que obliga a mantener la prestación habitual del servicio, avanzar en la expansión de las redes de agua potable y cloacas, tratar efluentes y cumplir con la remediación ambiental.
“No se puede avanzar con la transferencia de la empresa y verificar después si se respetan los derechos de las y los bonaerenses”, sentenció Lorenzino. Asimismo, alertó sobre las graves consecuencias de recortar presupuestos, postergar obras fundamentales o deteriorar las condiciones sanitarias y de salubridad en la región.
Exigen precisiones sobre la inversión de US$ 2.000 millones
Ante el anuncio del Ejecutivo nacional de que la firma adjudicataria deberá asumir inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares para obras de infraestructura, mantenimiento y expansión del sistema, desde la Defensoría exigieron garantías explícitas antes de que se concrete la firma del traspaso.
En ese marco, el organismo solicitó al juzgado que exija al Gobierno precisar quién se hará cargo formalmente de dichas obligaciones y con qué respaldo técnico, financiero y legal cuenta el eventual operador privatizado, a fin de prevenir perjuicios irreversibles para la población.
Redacción Actualidad
