Escalada de tensión: la AJB denunció hostigamiento al personal del juzgado que frenó el nuevo Régimen Penal Juvenil
Tras la dura ofensiva del Gobierno nacional contra la jueza Pascual, el gremio judicial exigió la intervención de la Suprema Corte bonaerense. Advierten que los ataques mediáticos y políticos ya recaen sobre los trabajadores del organismo.
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió un enérgico pronunciamiento en defensa de la jueza de Lomas de Zamora que suspendió la aplicación de la Ley 27.801. El gremio no solo respaldó la decisión de la magistrada, sino que encendió las alarmas por una preocupante escalada del conflicto: denunciaron que el clima de hostilidad se ha extendido hacia los empleados del juzgado.
El reclamo sindical surge como respuesta directa a la embestida del Gobierno nacional —con críticas públicas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— y a la denuncia penal impulsada por la asociación civil Usina de Justicia contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2.
La violencia llega a los pasillos del juzgado
De acuerdo con la denuncia de la AJB, la tensión cruzó un límite en las últimas horas al afectar el clima laboral y la seguridad de los trabajadores del organismo. Frente a esta situación, el sindicato exigió el cese inmediato de los ataques y solicitó la intervención urgente de tres autoridades clave:
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La Suprema Corte de Justicia bonaerense.
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La Procuración General.
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El Ministerio de Justicia provincial.
El objetivo del pedido es claro: garantizar la seguridad física y psicológica tanto de la magistrada como de su equipo, asegurando así el normal funcionamiento del juzgado. “Es de una enorme gravedad que una decisión judicial derive en una campaña de presión sobre quienes integran el organismo”, advirtieron.
Un fallo en la mira de la política
El origen del conflicto radica en la decisión de la jueza Pascual de hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo, ordenando suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil. Según los fundamentos del fallo, la medida responde a la falta de condiciones materiales, institucionales y de infraestructura necesarias para implementar el sistema.
Para la AJB, la magistrada actuó en el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales. En este sentido, remarcaron que cualquier disconformidad con la resolución debe tramitarse mediante los recursos procesales correspondientes (apelaciones), y en ningún caso a través de “campañas de presión, persecución o amedrentamiento”.
El cruce entre el Ejecutivo y la Justicia
La resolución encendió rápidamente la mecha política. Mientras la ministra Bullrich acusó al fallo de tener un sesgo “garantista” y distintos dirigentes opositores impulsaron pedidos de juicio político contra la jueza, el gremio judicial repudió lo que consideran un ataque a la independencia de poderes.
“Resulta especialmente preocupante que desde los principales medios y desde distintas instancias del Gobierno nacional, incluso a través de funcionarios con altísimas responsabilidades, se alimente una campaña de desprestigio”, concluyó el duro comunicado sindical.
