Escándalo en el country: denuncian a una concejal de La Libertad Avanza Maria Ratti Repetto por usurpación y deudas millonarias
María Ratti Repetto se niega a restituir la vivienda que alquilaba en el Mapuche Country Club. El propietario, un jubilado, llevó el caso a la Justicia y reclama más de $13 millones y US$3.900 en concepto de alquileres y servicios impagos.
Una fuerte polémica sacude al exclusivo barrio cerrado Mapuche Country Club, donde la concejal de La Libertad Avanza (LLA), María Ratti Repetto, fue denunciada por el propietario de la vivienda que ocupa junto a su familia. La acusan de negarse a abandonar el inmueble tras el vencimiento de su contrato y de acumular una deuda astronómica.
El caso, que ya se encuentra en manos de la Justicia, salió a la luz luego de que el dueño de la propiedad, Héctor De Vera, tomara la decisión de enviar una carta abierta a todos los socios del country para exponer la crítica situación que atraviesa.
El detalle de una deuda millonaria
Según el relato de De Vera, quien es jubilado, el conflicto comenzó el año pasado ante los reiterados incumplimientos de la inquilina y se fue agravando con el paso de los meses. El contrato de alquiler finalizó formalmente el pasado 31 de agosto; sin embargo, la familia de la funcionaria libertaria continúa habitando el lugar.
El perjuicio económico para el propietario no solo radica en la falta de pago del alquiler mensual, sino en el abultado pasivo que la concejal está dejando en la propiedad. El desglose de la deuda reclamada es el siguiente:
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Expensas: Más de $10.000.000.
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Alquileres atrasados: Aproximadamente US$3.900.
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Servicios (Luz y Gas): Más de $3.000.000.
La palabra del propietario
En su descargo ante la comunidad del barrio cerrado, De Vera expresó su desesperación ante la imposibilidad de recuperar su capital y el daño financiero que le genera la situación.
“Tampoco pagan la luz y el gas y el monto ya adeudado supera los $3.000.000, con planes de pago en curso sin cumplir y a nombre mío”, denunció el propietario en el escrito difundido entre los vecinos.
Actualmente, el jubilado no solo exige la cancelación total del dinero adeudado, sino que ha iniciado las acciones legales correspondientes para lograr el inminente desalojo y recuperar el control de su propiedad.
