San Isidro: la embestida judicial de Lanús contra Gustavo Posse y la hipótesis de un cálculo electoral
El avance judicial y la causa de las viviendas
La Municipalidad de San Isidro solicitó ante la Justicia Federal la citación a declaración indagatoria del exintendente Gustavo Posse en el marco del expediente que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del Proyecto N° 48 “San Isidro I – Barrio Martín y Omar”. La presentación, promovida por los apoderados comunales Nicolás Ramírez, Juan Oribe y Julieta Melconian, se sostiene en el rol de querellante asignado al municipio por la Cámara Federal de Casación Penal, fallo que actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia, según detalló Infobae.
El expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos y con intervención del fiscal subrogante Ramiro González, analiza la ejecución de un plan de 250 viviendas sociales iniciado en 2006 con financiamiento nacional. De acuerdo con las pericias contables y de ingeniería civil incorporadas a la causa —y reseñadas por Fiscales.gob.ar—, solo se constataron 44 unidades físicas, de las cuales 41 resultaron técnicamente válidas (un 16,4% del total previsto), a pesar de haberse transferido y certificado más de $37,6 millones. La imputación alude al Decreto 2550/06 firmado por Posse y el exsecretario Héctor Aníbal Prassel, argumentando una responsabilidad directa en las decisiones operativas y el manejo del presupuesto durante su gestión de 24 años.
La lectura política: judicialización ante la sombra del retorno
Más allá de la fundamentación técnica del proceso —iniciado en 2014 por una denuncia de la exconcejal Marcela Durrieu—, la aceleración de las medidas impulsadas por el gobierno municipal responde a una clara dinámica de disputa de poder en el territorio. En el escenario político local cobra fuerza la hipótesis electoralista: ante encuestas que reflejan una vigencia considerable en el nivel de recuerdo de sus gobiernos e intencionalidad de voto favorable a Posse, la actual administración busca obturar cualquier proyección de retorno del exintendente a la jefatura comunal.
Bajo esta perspectiva, el pedido de indagatoria actúa como una herramienta de desgaste reputacional en un momento bisagra de reconfiguración política. Al reflotar un expediente con dictámenes periciales ratificados hacia finales de 2025, el oficialismo local procura condicionar judicialmente la figura del exjefe comunal. Corresponderá ahora al juez Sebastián Ramos determinar si existen elementos para citar a Posse, en un caso donde la agenda de los tribunales y el calendario de armado político vuelven a cruzarse de manera decisiva.
