La Provincia de Buenos Aires imputará a seis billeteras virtuales por tasas abusivas y acoso en el cobro de deudas

El Ministerio de Producción avanza contra Mercado Pago, Ualá y otras firmas tras acumular más de 2.200 denuncias. Investigan Costos Financieros Totales superiores al 1.000% anual y sanciones que podrían alcanzar los $1.883 millones por empresa.

En una ofensiva directa contra los abusos en el sector fintech, el gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof iniciará imputaciones y sanciones administrativas contra seis de las principales plataformas financieras que operan en el país. La medida, motivada por el preocupante sobreendeudamiento de las familias y más de 2.200 reclamos formales, busca poner límite a costos desmedidos, falta de transparencia y métodos de cobranza extorsivos.

La investigación está a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, conducido por Augusto Costa, a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios. El expediente alcanza de manera directa a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Cencosud, Personal Pay y Brubank. De constatarse el incumplimiento de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (24.240) y la normativa provincial, el Poder Ejecutivo aplicará multas individuales que podrían escalar hasta los $1.883 millones por compañía.

Tasas astronómicas y opacidad en los algoritmos

Uno de los ejes más graves del expediente se centra en el costo real del crédito. La Provincia intimó a las firmas a transparentar la mecánica con la que determinan la Tasa Nominal Anual (TNA), la Tasa Efectiva Anual (TEA) y, muy especialmente, el Costo Financiero Total (CFT). En diversos casos detectados, al sumar recargos fijos, comisiones administrativas y penalidades por atraso, el costo financiero global supera de manera astronómica el 1.000% anual.

Asimismo, las autoridades exigieron explicaciones sobre la opacidad de los algoritmos y parámetros automatizados que aplican tasas segmentadas o diferenciadas según cada perfil de usuario, imposibilitando la previsibilidad del costo del dinero. El requerimiento de información incluye el detalle sobre intereses punitorios, capitalización de intereses vencidos y la letra chica de los plazos para aplicar castigos monetarios.

Engaño en la contratación y trabas para cancelar

A las inconsistencias financieras se suman maniobras que vulneran el derecho a la información previa. Según consta en las actuaciones, muchas de estas plataformas presentan los créditos bajo la apariencia de simples facilidades de pago o botones automáticos, omitiendo detallar de forma clara las condiciones de financiación antes de la aceptación.

Del mismo modo, las auditorías oficiales detectaron trabas sistemáticas para ejercer el derecho legal de revocación: los usuarios denuncian la ocultación deliberada del “botón de arrepentimiento” y severas dificultades para dar de baja las contrataciones dentro de los plazos garantizados por ley.

Hostigamiento y persecución en la cobranza

El capítulo más sensible del informe describe prácticas de cobranza que cruzan el límite del trato digno. La Provincia documentó denuncias por esquemas de llamadas repetitivas en horarios inhábiles y el contacto sistemático con familiares, allegados, referencias personales e incluso los entornos laborales de las personas endeudadas. Este abordaje de acoso, ejecutado tanto de forma directa como mediante estudios jurídicos tercerizados, forma parte del núcleo central de las imputaciones.

Tras el vencimiento del plazo fijado para que las empresas entreguen la documentación requerida, el equipo técnico provincial definirá hacia el cierre de esta semana las imputaciones definitivas y el esquema final de sanciones.