El Asesor General de Gobierno bonaerense dialogó sobre el impacto de la Ley ómnibus de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires.
El debate en el Congreso de la Ley ómnibus de Javier Milei no deja de generar cuestionamientos sobre el impacto que tendrá, de aprobarse, en la provincia de Buenos Aires. Por eso, los equipos técnicos del gobernador Axel Kicillof ya prevén que habrá varios puntos que deberá definir la Corte Suprema de Justicia.
El Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, estimó que hay anticipos que señalan que el texto se terminará de definir en el máximo tribunal y no descartó que la Provincia pueda acudir a la Justicia a futuro por esta normativa.
“La ley sigue teniendo un esquema de delagaciones de facultades que le da al presidente un alto margen para realizar cambios generales; es infundado y es innecesario, es un riesgo grande para el sistema democrático”, planteó el especialista en Abogacía del Estado. Es que pese a la negativa de La Libertad Avanza de negociar, se hicieron concesiones como la quita del capítulo fiscal, pero aún así, el “peligro” para la Provincia sigue ahí.
Asimismo, el funcionario de Axel Kicillof subrayó que, pese a los cambios, “sigue habiendo un listado grande de empresas que son sujetas a privatización, muchas de ellas asentadas en nuestro territorio, que además son herramientas fundamentales para generar soberanía”, por lo que planteó que desde la administración bonaerense ven “con preocupación que se insista con estas cuestiones”.
La Justicia, el actor clave tras el debate por la Ley ómnibus
La Justicia ya se volvió un actor determinante en el último mes, cuando diferentes tribunales emitieron dictámenes sobre los alcances del mega DNU que emitió el Gobierno nacional, por ejemplo la suspensión del capítulo laboral, por lo que se prevé que, si se aprobara en el Congreso, el Poder Judicial volverá a ser protagonista del proceso.
“Soy un creyente del sistema jurídico y me gustaría decir que el estándar nos anticipa que esto se va a debatir en la Corte, aunque en los últimos años nos han demostrado que hay cuestiones que no fueron contempladas”, marcó Pérez Teruel, quien ironizó al marcar que “los términos de la legislación parece una serie de ‘Wikipedia de razones’, acumularon lo que alguna vez dijo la Corte que debía decirse y lo pusieron. Estamos frente a una posible crisis institucional muy grande”.
Por eso, al ser consultado sobre el accionar de la Provincia ante el tribunal supremo, el funcionario sostuvo que “después de ver que presuntamente alteraron un dictamen de comisión, tenemos que ver la ley aprobada y reglamentada; una vez que sea sancionada, con el gobernador y el equipo vamos a evaluar todas las situaciones, en especial las que afectan a la Provincia”.
“Ya vimos lo que sucedió con una serie de resoluciones de la Secretaria de Comercio, que fueron quitadas y afectan los precios de los alimentos y servicios. Hay un intento de retirar al Estado de las soluciones en el cotidiano de las personas. Las ultimas medidas que tomaron podrían ser calificadas como revanchistas y tendientes a generar enemigos discursivos. Estamos ante un gobierno que le esta desordenando la vida a la gente, no afecta solo la institucionalidad sino la economía”, añadió.
En ese plano, evaluó que “los consensos en momentos de crisis suelen tener variaciones. Entiendo que desde la Provincia vamos a hacer lo que esté al alcance para defender los derechos de los consumidores y reorganizarles la vida, pero es un proceso que tiene por delante mucho tiempo, pero tenemos la instrucción del gobernador de no descansar ni un solo día”, cerró.